Santo Domingo.- El Ministro de Justicia, Antoliano Peralta, defendió el nuevo Código Penal que está siendo discutido en el Congreso Nacional como un avance trascendental para el sistema judicial del país. A pesar de los ajustes propuestos por el Poder Ejecutivo antes de su entrada en vigor, prevista para el próximo 3 de agosto, Peralta afirmó que la iniciativa constituye “una bendición” para el sistema judicial.
Peralta rechazó tajantemente el calificativo de “Código Abinader” atribuido a esta pieza legislativa, recordando que la misma data desde 1990. “Decir que este es el Código Abinader es un error histórico”, afirmó Peralta, destacando que la iniciativa ha atravesado más de dos décadas de discusión en el Congreso Nacional antes de llegar a su fase definitiva.
El ministro explicó que varias de las modificaciones propuestas responden a errores materiales, ajustes de redacción o armonización de escalas de penas, sin alterar la estructura esencial del Código Penal. “El Código es un avance y cuando el tiempo pase la gente se va a dar cuenta de que con este Código ganamos”, afirmó.
Peralta sostuvo que toda legislación de gran dimensión requiere ajustes permanentes y recordó que numerosas reformas importantes también enfrentaron cuestionamientos en sus primeras etapas. Defendió la decisión del Poder Ejecutivo de promover modificaciones puntuales sin paralizar la entrada en vigor de una legislación que, “Las leyes son para eso; si después surge alguna disposición que deba mejorarse, también podrá reformarse”, concluyó.
El funcionario explicó que el proyecto fue introducido durante la administración del expresidente Leonel Fernández, posteriormente aprobado y observado por el entonces presidente Danilo Medina debido al debate sobre las tres causales del aborto. Más adelante, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional debido a un vicio de procedimiento.
El ministro negó falta de planificación del Gobierno en la ventilación del proyecto. “No hubo falta de previsión; quizá hubo un poco de lentitud”, expresó, al explicar que incluso antes de la aprobación definitiva ya había conformado un equipo de jóvenes penalistas para comenzar el análisis del proyecto, consciente de que los plazos constitucionales para una eventual observación presidencial resultarían insuficientes.
