A partir del próximo 20 de marzo, los minoristas en todo el estado de Nueva York estarán obligados a aceptar pagos en efectivo, conforme a la nueva Ley de Efectivo. Esta legislación, promulgada por el Senado Estatal, busca asegurar el acceso equitativo a bienes y servicios para todos los residentes y establece multas de hasta $5,000 para aquellos comercios que incumplan la normativa.
La medida extiende y refuerza regulaciones previas que, desde 2020, apuntaban a prohibir que los negocios en la Gran Manzana operaran exclusivamente con pagos electrónicos. Ahora, la ley exige que tanto los establecimientos minoristas como las tiendas de alimentos acepten billetes y monedas de curso legal en todo el estado de Nueva York.
El principal objetivo de esta legislación es proteger a segmentos vulnerables de la población de Nueva York, incluyendo a personas de bajos ingresos, adultos mayores y quienes carecen de acceso a servicios bancarios, asegurando que puedan adquirir productos esenciales. El senador James Sanders Jr., uno de los promotores clave de la iniciativa, enfatizó la importancia de la medida: “Nadie debería quedarse sin un sándwich, una botella de agua o una barra de pan por no tener una tarjeta de débito. Esta ley trata sobre la equidad y la dignidad básica”.
Sin embargo, la Ley de Efectivo contempla excepciones claras. Los negocios no estarán obligados a aceptar billetes de valor superior a $20, lo que busca mitigar riesgos como el manejo de grandes cantidades de cambio o la recepción de moneda falsificada. La normativa tampoco aplica a compras o servicios que no se efectúen físicamente en el local, como pedidos en línea con entrega, pagos telefónicos o transacciones a distancia. Además, los comercios están exentos si disponen de una máquina que permita a los clientes convertir su efectivo en una tarjeta prepaga o de débito utilizable de inmediato para la compra.
La promulgación de esta ley surge en un contexto donde el auge de los pagos digitales había llevado a algunos minoristas a adoptar modelos de “solo tarjeta” por razones de seguridad o conveniencia. Los legisladores han argumentado que estas prácticas excluyen desproporcionadamente a poblaciones vulnerables, como inmigrantes y otros grupos con acceso bancario limitado, para quienes el efectivo es el principal medio de pago. La ley reafirma el acceso al mercado como un derecho fundamental y no un lujo reservado para quienes están digitalmente conectados o bancarizados.
La legislación no ha estado exenta de críticas. Muchos comerciantes minoristas y defensores de los pagos digitales han manifestado su preocupación, alegando que la obligatoriedad de aceptar efectivo incrementa los costos operativos y va en contra de las comodidades de la modernización digital. Algunos comerciantes en zonas con alta incidencia de robos han señalado que el predominio de pagos digitales ha contribuido a minimizar pérdidas en caso de asalto.
En contraste, Francisco Marte, presidente de la Asociación de Pequeños Comerciantes y Bodegas de Nueva York, ha expresado su apoyo a la nueva norma. “Es discriminatorio y hasta inhumano no aceptar efectivo, especialmente cuando sabemos que muchos migrantes sin papeles se les complica tener una cuenta de banco. Apoyamos esta legislación y no será complicado para nosotros adaptarnos a ella”, afirmó Marte, indicando que no prevé un impacto significativo en las operaciones de los pequeños comerciantes hispanos de la Gran Manzana.
Un análisis de la Reserva Federal (FED) del año pasado subraya la persistencia del efectivo, mostrando que grupos demográficos como hogares con ingresos anuales inferiores a $25,000 y adultos mayores de 55 años dependen más de este medio de pago. A pesar de la creciente digitalización, más del 90% de los consumidores estadounidenses tienen la intención de seguir utilizando efectivo. La FED concluyó que el efectivo se ha mantenido como el tercer medio de pago más usado en los últimos cinco años, lo que subraya su continua relevancia en la economía.
