San Salvador.- La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó este miércoles que la cifra de personas fallecidas en las cárceles del país tras su detención bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, se elevó a al menos 537.
En un mensaje publicado en X, SJH destacó que durante los 52 meses bajo este régimen, al menos 537 personas han muerto bajo la custodia del Estado sin haber sido condenadas. El 94% de estas personas no tenían perfil de pandilleros y sus vidas se apagaron en un contexto de total impunidad.
La organización advirtió que la cifra real podría superar el millar, enfrentando un esfuerzo sistemático por ocultar información en los juicios masivos. Como sociedad civil, no podemos guardar silencio ante lo que constituye una posible violación sistemática a los derechos humanos.
Según SJH, las muertes se han registrado principalmente en las cárceles que albergan a la mayoría de los más de 92,000 detenidos bajo este régimen y que en su gran mayoría no tienen condenas. Poco se conoce del reconocido Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).
Un informe divulgado por SJH a finales de enero indica que la violencia física encabeza las causas de muerte de presos en las prisiones de El Salvador, con cerca del 32% de los casos reportados. Según el mismo informe, basado en versiones de familiares ya que la información oficial se encuentra bajo secreto, el 31,8% de los casos fueron «muertes violentas», mientras que un 31,6% de las personas habría fallecido por «falta de atención médica por enfermedades».
El régimen de excepción en El Salvador se implementó desde marzo de 2022 tras una escalada de violencia de las pandillas que cobró la vida de más de 80 personas en un fin de semana. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha defendido la continuidad de esta medida, que cuenta con alta popularidad entre la población y el respaldo de la Asamblea Legislativa dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI).
A marzo de este año, distintas organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6,889 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos. En un 98% de los casos se trata de detención arbitraria y en un 75% con responsabilidad de los agentes de la Policía.
