NUEVA YORK.- Las organizaciones Legal Aid Society y Legal Services NYC solicitaron este viernes a un tribunal de Nueva York que desestime la demanda presentada por un grupo de propietarios que busca impedir la congelación de los alquileres de más de un millón de viviendas reguladas en la ciudad.
La medida, una de las principales promesas de campaña del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, fue aprobada en junio por el Rent Guidelines Board (RGB), organismo independiente que establece cada año los límites para los incrementos de alquiler en apartamentos sujetos a regulación, tras celebrar audiencias públicas.
Los propietarios acudieron el pasado 22 de julio ante el Tribunal Supremo del estado para cuestionar la decisión y argumentaron que la junta no contaba con suficientes pruebas para justificar la congelación de los alquileres en contratos de uno y dos años.
También acusaron al RGB de no haber actuado de manera independiente y señalaron directamente a Mamdani, al que responsabilizaron de haber realizado esfuerzos para incorporar al organismo a personas afines a su posición y de destinar recursos públicos a movilizar activistas defensores de los inquilinos durante las audiencias.
En respuesta, las organizaciones defensoras de los inquilinos, que actúan en representación de residentes, vecinos y del Consejo Metropolitano de Vivienda, rechazaron esos argumentos y sostuvieron que la decisión de la junta estuvo respaldada por información económica y habitacional.
Entre los datos citados figura que casi la mitad de los residentes de viviendas con alquiler regulado destinan más del 30 % de sus ingresos al pago de la renta, mientras que cerca de un tercio dedica más de la mitad de sus ingresos a ese gasto.
Los abogados también señalaron que, de acuerdo con el Estudio de Ingresos y Gastos de 2026 del RGB, la mayoría de los propietarios continuó registrando ganancias estables o en aumento.
La defensa de los inquilinos argumentó que los propietarios no han demostrado que la decisión del RGB fuera arbitraria, contraria a la ley o adoptada mediante un procedimiento irregular, sino que buscan invalidarla porque discrepan de la política aprobada por la junta.
Edward Josephson, director de la Unidad de Reforma de Derecho Civil de Legal Aid Society, calificó la demanda de los propietarios como un intento de elevar nuevamente los alquileres y rechazó que el organismo haya utilizado datos seleccionados de manera parcial para justificar su decisión.
El caso se produce en medio del debate sobre el costo de la vivienda en Nueva York, donde la regulación de los alquileres afecta a más de un millón de apartamentos y constituye uno de los principales asuntos de la agenda de la nueva administración municipal.
