ESTADOS UNIDOS.-
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que el gobierno de Donald Trump está deteniendo a migrantes embarazadas, contraviniendo las directrices existentes y sometiéndolas a presuntos malos tratos y negación de acceso a cuidados médicos esenciales.
Los activistas señalaron que, en algunos casos, menores de edad embarazadas, muchas de ellas víctimas de violaciones en albergues de Texas, están siendo trasladadas a instalaciones donde el aborto está prohibido en la mayoría de las circunstancias.
Estas denuncias emergen en un contexto donde el gobierno actual mantiene un número récord de migrantes en detención, con casi 70,000 personas en estos centros en el mes de febrero, según datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.
Jesús González, trabajador social de la organización Florence Immigrant and Refugee Rights Project en Arizona, afirmó en una llamada con reporteros que las mujeres embarazadas retenidas en el centro de detención de Eloy, a las afueras de Tucson, no reciben la atención médica necesaria.
González también relató el caso de Esther, una migrante de la región central de África, quien quedó embarazada tras una violación sufrida durante un secuestro mientras esperaba en México una cita para solicitar asilo en Estados Unidos. Una vez en territorio estadounidense, bajo detención de las autoridades migratorias, no recibió «ningún tipo de cuidado médico, salvo vitaminas prenatales».
Por su parte, Lupe Rodríguez, directora ejecutiva del National Latina Institute for Reproductive Justice, indicó que a principios de este año, su organización recibió una denuncia de una migrante detenida con un embarazo de alto riesgo que no recibió cuidado médico por cuatro meses y fue forzada a «dormir en el suelo y pasar hambre».
Según las propias directrices del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el gobierno no debería «detener ni arrestar» a personas embarazadas, en periodo de posparto o en lactancia, salvo en circunstancias excepcionales.
Sin embargo, entre enero de 2025 y febrero de este año, las autoridades detuvieron a 498 personas en estas condiciones en centros de detención para migrantes, de acuerdo con datos entregados por el Departamento de Seguridad Nacional a la senadora Patty Murray.
Yvonne Rodríguez, directora de la organización Reproductive Freedom For All, hizo eco de un informe publicado en el medio local The Texas Newsroom, donde se denuncia que el gobierno trasladó a más de una docena de migrantes menores de edad embarazadas a un albergue al sur de Texas, donde el aborto está prohibido.
La mitad de las menores, según el medio local, quedaron embarazadas tras abusos sexuales.
Esta práctica, explicó Brigitte Amiri, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), representa un cambio con respecto a las prácticas adoptadas por el gobierno anterior que, para cumplir con una orden judicial, buscaba colocar a las menores embarazadas en albergues donde el aborto fuera legal.
Amiri enfatizó que «las jóvenes que llegan a Estados Unidos en busca de seguridad deben ser tratadas con respeto y dignidad, y la administración de Trump no debería politizar su atención médica».
