Washington D.C., EE. UU.- Organizaciones líderes en la defensa de los derechos civiles y la educación han emitido un llamado urgente al Congreso de los Estados Unidos para que proteja y financie plenamente a las Instituciones al Servicio de los Hispanos (HSI) y a las Instituciones al Servicio de las Minorías (MSI).
La advertencia surge en un momento crítico, con el presupuesto propuesto por la Administración para el año fiscal 2027 que contempla la eliminación de fondos federales para las HSI y otras instituciones minoritarias. Simultáneamente, una demanda federal, «Tennessee and Students for Fair Admissions v. U.S. Department of Education», busca desmantelar por completo el programa de las HSI. Según líderes educativos, estos esfuerzos representan un desafío directo al acceso a oportunidades educativas en el país.
Lourdes M. Rosado, presidenta y asesora legal general de LatinoJustice PRLDEF, viajó a Washington D.C. el mes pasado para participar en el Foro Anual del Capitolio, organizado por la Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU). Allí, junto a estudiantes, legisladores y otros líderes de la educación superior, se transmitió el mensaje sobre la necesidad de salvaguardar estas instituciones esenciales.
Las HSI desempeñan un papel fundamental en el panorama educativo de Estados Unidos, atendiendo a más de 5.6 millones de estudiantes en más de 615 instituciones. Estas instituciones matriculan al 67.3% de todos los estudiantes universitarios de pregrado latinos. Por ejemplo, Nueva York y Nueva Jersey suman un total de 65 HSI.
La demanda federal es considerada «gravemente errónea» por los defensores, quienes argumentan que el programa de las HSI constituye una inversión crucial para garantizar que todos los alumnos de estas instituciones tengan acceso a los recursos necesarios para el éxito. Este reconocimiento de necesidad por parte del Congreso y los tribunales data de décadas.
Los fondos federales destinados a las HSI no solo benefician a los estudiantes latinos, sino que fortalecen a los campus en su totalidad, mejorando la infraestructura, proporcionando programas de apoyo académico y servicios estudiantiles. Los defensores ven la demanda actual como parte de un esfuerzo más amplio para revertir los derechos civiles y desmantelar programas que amplían el acceso a la educación superior.
De materializarse la retirada de financiación, el impacto sería inmediato y severo: menos programas de apoyo, menos recursos para el profesorado e infraestructura, y una reducción de las vías hacia la movilidad económica para millones de estudiantes, no solo latinos, sino todos aquellos que dependen de estas instituciones.
LatinoJustice PRLDEF ha manifestado su decisión de intervenir en la demanda que impugna el programa HSI, basándose en su vasta experiencia jurídica y en la comprensión del impacto positivo de estas instituciones en estudiantes y comunidades. La organización subraya el efecto multiplicador que la educación superior genera en la fuerza laboral y la economía del país.
El llamado final es claro: el Congreso debe rechazar los recortes presupuestarios propuestos y financiar plenamente los programas de los Títulos III y V, que brindan apoyo a las HSI y otras instituciones al servicio de minorías. Se insta también a las comunidades a alzar su voz en defensa de la importancia de estas instituciones en todo el territorio nacional.
