Santo Domingo.-
La Coalición Mundial por los Bosques (GFC) y su contraparte local, la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente, solicitaron este lunes al sistema judicial la anulación de una sentencia de amparo emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA). Dicha sentencia ordena la reducción de áreas protegidas dentro del Parque Nacional Jaragua, lo que, según las organizaciones, facilitaría el desarrollo de proyectos turísticos privados.
En un comunicado de prensa, ambas entidades argumentaron que la decisión, la cual favorece a un consorcio privado de desarrollo de infraestructuras e inversiones inmobiliarias, “viola la Constitución dominicana (artículos 6 y 16), la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas“. Asimismo, advirtieron que la medida “pone en riesgo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas” del país.
En este contexto, las agrupaciones instaron a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Constitucional a anular la sentencia judicial, aludiendo a supuestas violaciones legales y a la falta de transparencia en el proceso que llevó a su emisión.
El coordinador de la Red Afros y miembro de la junta directiva de la GFC, Darío Solano, subrayó que la solicitud de anulación cuenta con el apoyo del movimiento ambientalista y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena).
“El Parque Nacional Jaragua es una de las áreas protegidas más grandes del Caribe y alberga bosques con altos niveles de biodiversidad, muchos de los cuales están en peligro o amenazados. Son más de 70 mil hectáreas de bosques que podrían verse impactadas para el beneficio de un turismo depredador”, afirmó Solano.
El activista añadió que la sentencia contraviene compromisos internacionales relacionados con la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, como el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, que establece metas para conservar eficazmente los ecosistemas forestales, acuáticos y costeros.
“También asumimos compromisos para lograr una mayor coherencia de acción climática, por lo que esta decisión representa un grave retroceso”, sentenció Solano.
Recordó que, en República Dominicana, cualquier modificación a la extensión de un parque nacional requiere la aprobación de una ley orgánica, respaldada por las dos terceras partes del Congreso Nacional, requisito que no se ha cumplido en este caso.
Solano advirtió que la sentencia podría establecer un “precedente peligroso” que facilitaría el acaparamiento de tierras, la violación de derechos y la degradación de ecosistemas naturales y zonas marinas. “En un momento de profunda crisis climática y con temperaturas récord de calentamiento global, esta sentencia es un atentado contra la vida”, concluyó.
Por su parte, Kwami Kpondzo, coordinador de la campaña de industrias extractivas, turismo e infraestructura de la GFC, expresó preocupación por los potenciales efectos adversos del turismo masivo en comunidades vulnerables.
“El turismo masivo y elitista, muchas veces promovido como un catalizador para el desarrollo económico y la conservación ambiental, puede producir impactos irreversibles en los pueblos indígenas, comunidades locales, pueblos afrodescendientes, mujeres, jóvenes y ecosistemas”, señaló Kpondzo.
Finalmente, la Coalición Mundial por los Bosques instó al Tribunal Superior Administrativo y a los organismos competentes del país a suspender la sentencia de amparo, garantizar la protección ambiental y respetar tanto las leyes nacionales como los compromisos internacionales en materia climática y de biodiversidad.
