Colombia.- Una paciente colombiana ha iniciado una batalla legal inédita para convertirse en la primera persona en el país en acceder a la asistencia médica al suicidio. Se trata de Catalina Giraldo, una psicóloga colombiana de 30 años, quien desde hace más de una década padece un complejo cuadro psiquiátrico caracterizado por trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad.
A pesar de haber agotado cerca de cuarenta esquemas farmacológicos distintos, años de psicoterapia, terapia electroconvulsiva e infusiones de ketamina, y haber experimentado nueve hospitalizaciones por crisis agudas y varios intentos de suicidio desde 2019, Catalina afirma sentirse agotada e incapaz de continuar. “Yo siento que es un infierno. A mí me cansa mucho tener que estar todo el tiempo lidiando con eso. Para mí ya es suficiente”, declaró Catalina en un reportaje de Noticias Caracol que hizo público su caso.
Ante esta situación, Catalina Giraldo solicitó al sistema de salud colombiano la asistencia médica al suicidio, una figura jurídica que permite al paciente acceder a un fármaco y acompañamiento médico para poner fin a su vida según sus decisiones, siendo el propio solicitante quien administra el fármaco, a diferencia de la eutanasia, donde el médico lo hace.
Colombia es reconocido como uno de los países con mayores avances en el reconocimiento del derecho a una muerte digna. Tanto la eutanasia como el suicidio asistido están despenalizados en casos de enfermedades graves e incurables que generen un sufrimiento físico o psicológico incompatible con una vida digna. En 2024, 352 colombianos accedieron a la eutanasia.
Sin embargo, a Catalina le han sido negados ambos caminos. En septiembre de 2025, solicitó la eutanasia a su EPS (entidad promotora de salud), la cual fue rechazada bajo el argumento de que no padece una enfermedad grave e incurable y que aún dispone de tratamientos. Su abogado, Lucas Correa Montoya, sostiene que agotar todas las opciones terapéuticas no es un requisito legal para la eutanasia en el país, afirmando que “siempre habrá algo que intentar, una pastilla más que tomar”.
Ante la negativa de la EPS, Catalina, con la asesoría de Correa, decidió solicitar la asistencia médica al suicidio, valorando la autonomía de ser ella misma quien cause su muerte. No obstante, su EPS también rechazó esta petición, alegando falta de “facultad legal” y la inexistencia de una “reglamentación específica por parte del Ministerio de Salud”.
Aunque la Corte Constitucional colombiana estableció en una sentencia de 2022 que un médico no incurre en delito al asistir el suicidio de un paciente con sufrimiento intenso debido a una enfermedad grave e incurable y con consentimiento libre, informado y consciente, la asistencia médica al suicidio carece de regulación clara. La responsabilidad de expedir esta reglamentación recae, en principio, en el Congreso, que no ha avanzado en leyes al respecto. El Ministerio de Salud ha emitido resoluciones para la eutanasia, pero no para el suicidio médicamente asistido.
“Es una tormenta perfecta de negligencia”, lamenta Correa, señalando que la falta de acción del Congreso y del Ministerio de Salud impide que el sistema sanitario tenga las reglas para este procedimiento.
En noviembre de 2025, Catalina y su abogado presentaron una acción de tutela, solicitando al juez ordenar a la EPS la autorización del suicidio asistido y al Ministerio de Salud y el Congreso la expedición de la reglamentación necesaria. El juez negó la tutela, indicando que Catalina no había agotado otras vías, específicamente la revisión por un segundo comité médico de su solicitud de eutanasia. Para Correa, esta decisión es jurídicamente errónea, ya que su clienta busca la asistencia médica al suicidio, no la eutanasia.
Se espera que en las próximas semanas el caso llegue a la Corte Constitucional, con la esperanza de que sea seleccionado para revisión. Catalina y su abogado confían en que la Corte se pronuncie de fondo, ordenando la reglamentación, lo que abriría la puerta para que ella sea la primera colombiana en acceder a este derecho.
Catalina es consciente de que su lucha es fundamental “para abrir la puerta a la conversación sobre un suicidio seguro, acompañado y protegido”, según su abogado. Ella argumenta que esta es una vía no violenta y menos traumática para su familia. “Tal vez de esta manera ocasione el menor sufrimiento posible. Tal vez de esta manera ellas me pueden acompañar en el proceso”, expresó. Y concluyó: “Para mí, pedir el suicidio médicamente asistido es un acto de amor, un acto de amor conmigo misma pero un acto sobre todo de amor con mi familia”.
