París.- El Ayuntamiento de París aprobó un aumento en el impuesto sobre las viviendas desocupadas que entrará en vigor a partir de 2027, con la intención de incentivar a los propietarios a alquilar o vender sus inmuebles y contribuir a reducir la crisis habitacional que enfrenta la capital francesa.
Las autoridades estiman que aproximadamente el 10 % de las viviendas en París permanecen vacías, por lo que la nueva política pretende reincorporar al mercado unas 20,000 propiedades para aumentar la oferta habitacional.
La normativa permitirá elevar la tasa del impuesto del 17 % al 30 % durante el primer año de desocupación y del 34 % al 60 % a partir del segundo año, facultad otorgada a los municipios por la legislación francesa.
Como ejemplo, el Ayuntamiento explicó que el propietario de un apartamento vacío de 30 metros cuadrados en el distrito XVII pasará de pagar unos 790 euros a 1,400 euros en 2027 y 2,800 euros desde 2028.
El gobierno municipal, encabezado por Emmanuel Grégoire, sostuvo que la iniciativa busca movilizar viviendas actualmente fuera del mercado y facilitar el acceso a alquileres.
En contraste, la oposición conservadora calificó la medida de «inútil» y la consideró un nuevo ataque fiscal contra los propietarios de inmuebles.
La legislación aplica a inmuebles que permanezcan vacíos durante al menos un año en ciudades donde la demanda de vivienda supera ampliamente la oferta, como ocurre en París.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Francia (INSEE) correspondientes a 2023, la capital registraba 139,075 viviendas desocupadas, cerca del 10 % del total. A ellas se suman unas 140,000 residencias secundarias, lo que significa que una de cada cinco viviendas de la ciudad no constituye residencia principal.
El Ayuntamiento precisó que seguirán vigentes las exenciones para viviendas afectadas por procesos judiciales, herencias, reformas de gran envergadura o inmuebles puestos en venta o alquiler a precio de mercado que no logren encontrar comprador o inquilino.
La medida se enmarca además en la estrategia de París para limitar el impacto del alquiler turístico de corta duración, señalado por reducir la disponibilidad de viviendas para residentes permanentes. En abril pasado, el Ayuntamiento celebró una condena de 585,000 euros contra una empresa inmobiliaria que destinó viviendas sociales al alquiler turístico.
