Santo Domingo.-
La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo anunció este jueves que se encuentra desarrollando un anteproyecto de ley. Esta iniciativa busca modificar el Artículo 1 del Código Civil de la República Dominicana, con el fin de armonizar el marco legal actual con la realidad jurídica, territorial e institucional generada por la creación de la provincia de Santo Domingo.
El propósito central de esta reforma es lograr que el inicio del cumplimiento obligatorio de las leyes en la provincia de Santo Domingo sea simultáneo con el del Distrito Nacional.
En la actualidad, el Artículo 1 del Código Civil establece plazos de entrada en vigor diferenciados para las normativas, distinguiendo la capital del resto de las provincias del país.
La Consultoría Jurídica argumenta que la redacción actual de este texto legal carece de sentido lógico y práctico, especialmente tras la promulgación de la Ley número 163-01. Dicha ley dio origen a la provincia de Santo Domingo, segregándola de territorios que previamente formaban parte del Distrito Nacional.
«La creación de esta provincia no solo implicó un fraccionamiento territorial, sino una transformación profunda en la arquitectura jurídica de lo que hoy conocemos como el Gran Santo Domingo«, señaló el organismo.
Pese a que en septiembre de 2002, la Ley número 141-02 estableció un régimen judicial particular para la nueva demarcación, la disparidad en los plazos de vigencia de las leyes entre la capital y el territorio del cual se desprendió persistió.
La iniciativa legislativa que impulsa el Poder Ejecutivo busca corregir esta incongruencia histórica. Su objetivo es lograr que los efectos de la publicación oficial de las normas sean armónicos y simultáneos en ambos territorios, dada su interconexión institucional y geográfica.
Con esta medida, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo reafirma su compromiso con la actualización del ordenamiento jurídico nacional y la coherencia normativa.
Esta intervención responde a la necesidad de ofrecer respuestas legislativas precisas ante la evolución institucional del país, garantizando así una mayor seguridad jurídica para los ciudadanos y las instituciones del Estado.
