QUITO.- La Fiscalía General del Estado informó este lunes que cuatro personas, entre ellas un policía en servicio activo, han sido procesadas por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de migrantes.
En la audiencia de formulación de cargos celebrada ante el juez de Garantías Penales, se acogieron los elementos de convicción presentados por Fiscalía y se dictó prisión preventiva para Milton Andrés S. N. y Segundo Vicente G. H.
En contraste, Dayana Lisseth S. P. y Jonathan Fernando R. T., el policía en servicio activo, fueron sometidos a medidas alternativas como prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad competente.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.
La investigación comenzó en septiembre de 2025, en coordinación con el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos y la Unidad Nacional Contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Unat), tras una denuncia presentada por una víctima.
Según su relato, fue contactada por una organización que ofrecía trasladarla de forma irregular hacia Estados Unidos a cambio de altas sumas de dinero.
La investigación reveló que los ahora procesados habrían coordinado el traslado de varias personas desde Ecuador hacia Estados Unidos mediante rutas irregulares que atravesaban Colombia, El Salvador y México. Como parte del presunto esquema, las víctimas debían efectuar pagos parciales antes del viaje y completar el saldo durante el trayecto.
En el caso investigado, una de las víctimas habría pagado unos 31,000 dólares por el traslado de tres personas. Sin embargo, luego de ingresar de manera irregular en territorio estadounidense fueron detenidas por las autoridades migratorias y posteriormente deportadas a Ecuador.
Durante la audiencia, Fiscalía presentó diversos elementos de convicción recabados en la investigación previa, entre ellos informes investigativos, registros migratorios, información financiera y documentación bancaria. Además, versiones de la víctima y de testigos, así como los resultados de diligencias especiales de investigación autorizadas judicialmente, entre ellas seguimientos, vigilancias e interceptación de comunicaciones.
Estos elementos permitieron identificar la presunta participación de los procesados en una estructura que habría facilitado la migración irregular con el propósito de obtener un beneficio económico.
