Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader, ha designado una Comisión de Veeduría Ciudadana con el objetivo de supervisar el proceso de licitación del proyecto “Diseño y Construcción de la Carretera de Conexión entre la Circunvalación Norte de Santiago y la vía Puerto Plata–Sosúa, conocida como Autopista del Ámbar”.
La medida, oficializada mediante el Decreto núm. 298-26 y dado a conocer este sábado, establece que la comisión será presidida por el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte.
Acompañarán al obispo Castro Marte en esta importante labor Franklin Báez Brugal, Pedro Silverio y José Radhames García González. El equipo tendrá la responsabilidad de vigilar, dar seguimiento y monitorear activamente el desarrollo del proceso de licitación.
Firmado el 1 de mayo de 2026 en Santo Domingo, el decreto subraya que esta iniciativa busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el control social en un proceso de contratación considerado de alto impacto para la conectividad territorial y el desarrollo económico de la nación.
Este órgano colegiado estará facultado para recibir observaciones, denuncias y sugerencias por parte de ciudadanos, proveedores y organizaciones. Además, podrá emitir informes de seguimiento con hallazgos relevantes, los cuales podrán ser integrados al expediente administrativo del proceso.
Las instituciones involucradas, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Fideicomiso RD Vial, deberán garantizar a la comisión el acceso a toda la información pertinente relacionada con el proceso, siempre en conformidad con las disposiciones legales vigentes.
El documento precisa que la Comisión de Veeduría tendrá un carácter estrictamente observador, lo que significa que no intervendrá en las competencias propias del Comité de Compras y Contrataciones ni en la evaluación técnica o económica de las ofertas presentadas.
Adicionalmente, se exigirá a todos los miembros de la comisión la suscripción de un compromiso ético previo al inicio de sus funciones, donde deberán declarar su independencia, la inexistencia de conflictos de interés y su deber de confidencialidad.
