Florida, EE. UU.- El presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Samuel Pereyra, ha iniciado acciones legales contra el abogado y comunicador Carlos Rubio. La demanda, interpuesta en el estado de Florida, Estados Unidos, acusa a Rubio de presuntas conductas de extorsión y difamación contra el servidor público.
Mediante un comunicado difundido a través de su cuenta de Instagram, Pereyra alegó que Carlos Rubio, entre otras acciones, «ha incurrido en utilizar indebidamente información e imágenes relativas a su figura y su familia, incluyendo sus hijas menores de edad».
La elección de Florida como sede legal se debe a que es el lugar de residencia del comunicador Carlos Rubio, según la declaración del funcionario.
El titular de Refidomsa explicó que los motivos de su accionar legal responden a un esquema de chantaje. Aseguró que, tras negarse a entregar «ayuda económica» al demandado, este «comenzó a realizar ataques sistemáticos a través de sus redes sociales dirigidos a lesionar la reputación de Pereyra y a involucrar y exponer a su familia».
El ex administrador general del Banco de Reservas advirtió sobre las graves implicaciones de estas prácticas: «Este tipo de prácticas pone en riesgo la vida institucional del país, porque cuando ciudadanos de bien ven que servir al Estado puede significar que atacan a sus hijos, a su familia o destruyen su honor, muchos deciden no participar».
En este contexto, el también abogado hizo un llamado al sector empresarial, político, a los servidores públicos y a periodistas a no ceder ante este tipo de presiones. «Hago un llamado a empresarios, políticos, funcionarios públicos, periodistas y a todos los sectores de la sociedad que se sientan afectados a cortar estos esquemas de chantaje y extorsión», enfatizó.
Pereyra manifestó que, durante sus años de vida pública, nunca había considerado necesario responder públicamente a ataques o comentarios de terceros. Sin embargo, aseguró que la gravedad de la situación actual lo obligó a pronunciarse debido a que estas prácticas de chantaje involucran a su familia y, especialmente, a sus hijos menores de edad.
«Una cosa es aceptar los ataques que usualmente vienen con la exposición pública y otra muy diferente es permitir que utilicen lo más sagrado que tengo en la vida, mi familia, para tratar de extorsionarme», indicó el funcionario.
Finalizó su declaración pública reiterando su respeto por «la libertad de expresión y el derecho a la crítica responsable», manifestando al mismo tiempo su repudio a la extorsión, la difamación y otros abusos que conllevan sanciones legales.
