SANTO DOMINGO.-
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), respaldó este miércoles la preocupación externada por Participación Ciudadana (PC) ante las dilaciones que presentan en los tribunales los grandes casos de corrupción administrativa. La funcionaria instó a los tribunales a utilizar las herramientas del Código Procesal Penal para avanzar y ofrecer una solución a la sociedad.
“Desde nuestra perspectiva, lo que Participación Ciudadana tiene es un cuestionamiento legítimo al retraso que ha tenido este tribunal en sede judicial”, declaró Ortiz a la prensa durante un receso de la audiencia del caso que se conoce en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Esta semana, Participación Ciudadana presentó su octavo informe de seguimiento a los casos de corrupción en el sector público, centrándose exclusivamente en el proceso judicial contra Jean Alain Rodríguez y coimputados.
El movimiento cívico detalló que las medidas de coerción contra los imputados fueron dictadas el 14 de julio del 2021. El juicio preliminar se extendió por casi dos años y requirió 95 audiencias. Aunque el inicio del juicio de fondo fue convocado para el 23 de septiembre del 2024, ha sido reenviado en 22 ocasiones en 18 meses, discutiéndose solo incidentes presentados por las defensas, lo cual, según el informe, contraviene el artículo 305 del Código Procesal Penal y representa un peligro para la lucha contra la impunidad.
Al ser consultada por periodistas sobre el informe, Mirna Ortiz afirmó que las defensas de los procesados temen enfrentarse a las pruebas. “No es un secreto para nadie que ya este tribunal tiene bastante tiempo, que llevamos meses tratando de iniciar el conocimiento de la audiencia y apenas vamos por la fase de incidentes, porque los imputados se han empeñado en retardar el proceso de manera continua”, manifestó la procuradora.
La titular de Pepca precisó que las defensas continúan presentando incidentes que, a su juicio, son inadmisibles, ya que fueron planteados y fallados durante la audiencia preliminar.
“Fueron rechazados por el juez de la audiencia preliminar y el Código Procesal Penal prohíbe ese tipo de acciones, porque no tendría sentido tener una audiencia preliminar que decida sobre ciertos temas, si vamos a volver a debatirlos nueva vez en la sala de audiencias”, argumentó Ortiz.
“Entendemos que el sistema de justicia tiene que tomarles la temperatura a los procesos; tiene que tomar de la mano las herramientas que el nuevo Código Procesal Penal les da y avanzar definitivamente con los casos porque el pueblo necesita una solución de los procesos”, enfatizó.
Ortiz explicó que existe una razonabilidad en los plazos y que “todos queremos una solución definitiva de este proceso”. Respecto a los incidentes en el tribunal, comentó: “A mi juicio el tribunal ha pecado de garantista en extremo. Estos incidentes pudieron perfectamente haberse resuelto en el despacho de la jueza presidenta y no tener que alargar tantas audiencias por tanto tiempo o haber limitado el tiempo de los abogados en exposición y en el uso de la palabra”.
La funcionaria adelantó que aún quedan varias defensas por exponer, lo que augura la continuidad de las dilaciones.
Sobre la posibilidad de extinción del caso, Ortiz fue categórica al afirmar que no sucederá. “Lo único que a ellos les queda es jugar al tiempo para ver si por la divinidad o por arte de magia sucediera algo”, señaló, reiterando que las defensas siempre han rehuido a enfrentarse a las pruebas, los testigos y los documentos. “Vamos de una vez y por todas a enfrentarnos a las pruebas y a tener la decisión que este caso amerita, que definitivamente tendrán sentencias condenatorias”, insistió, manifestando su confianza en obtener condenas.
El equipo litigante de la Pepca en la audiencia está representado por la procuradora de corte Mirna Ortiz y los fiscales Emmanuel Ramírez y Rosa Alba García. Las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo recesaron el juicio hasta el próximo lunes 20 de abril, a las 9:00 de la mañana.
El proceso por corrupción conocido como caso Pulpo imputa al ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez la dirección de un entramado de corrupción durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República en el período 2016-2020.
El expediente establece que Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020.
Además de Rodríguez Sánchez, figuran en el expediente: Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Los procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
El grupo fue sometido a la justicia en el mes de julio del año 2021.
