República Dominicana Logra Hito Histórico al Entrar en el Top 100 del Índice de Percepción de la Corrupción

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Santo Domingo, República Dominicana. El Gobierno dominicano ha comunicado que el país alcanzó los 37 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), consolidando una mejora sostenida y posicionándose, por primera vez, entre los primeros 100 países a nivel mundial desde la ampliación del ranking global.

Este resultado refleja una mejora acumulada durante los últimos cinco años, evidenciando un avance de nueve (9) puntos desde 2020. Esta progresión se traduce en un incremento del treinta y dos por ciento (32%) en la puntuación general y un ascenso de treinta y tres (33) posiciones en el ranking global durante el mismo período, lo que representa una evolución positiva sin precedentes recientes.

El desempeño de la República Dominicana adquiere especial relevancia al registrar un ascenso de ocho (8) posiciones en el ranking general, permitiendo que el país se ubique entre los primeros 100 países a nivel mundial. Este hito es históricamente relevante en la percepción sobre la gestión pública y los esfuerzos de fortalecimiento institucional.

En una medición comparada con otras naciones de la región, la República Dominicana supera a países como México (31 puntos), El Salvador (31 puntos), Honduras (23 puntos) y Nicaragua (17 puntos), destacando el progreso relativo alcanzado frente a sus homólogos.

El Gobierno dominicano ha señalado que la evolución positiva de este indicador no solo fortalece la posición relativa del país en el ámbito internacional, sino que reafirma la efectividad de las políticas públicas orientadas a la prevención y combate de la corrupción, en coherencia con los objetivos estratégicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Finalmente, el Gobierno ha reiterado su compromiso de continuar impulsando reformas normativas, fortalecimiento institucional y mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. Estos elementos son considerados pilares fundamentales para consolidar la confianza ciudadana y garantizar una gestión pública ética, eficiente y orientada al desarrollo sostenible, en consonancia con los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo y los compromisos asumidos en materia de gobernanza democrática y lucha contra la corrupción.

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