Santo Domingo.- Personal administrativo del Poder Judicial y alguaciles de la jurisdicción original a nivel nacional paralizaron sus labores hoy en demanda de condiciones laborales dignas, un aumento salarial y la contratación de más personal. La acción busca garantizar un servicio eficiente a la ciudadanía y un reconocimiento a sus funciones.
Los alguaciles, en particular, exigen la mejora de sus beneficios laborales, la inclusión en un seguro médico integral y un mayor reconocimiento institucional. Fernando Frías de Jesús, alguacil de jurisdicción original, denunció que más de 3,000 servidores públicos carecen actualmente de seguro médico y otras prestaciones esenciales.
Frías de Jesús enfatizó la importancia de su rol, declarando: “Nos sacrificamos todos los días para que la justicia comience y termine con un acto de alguacil. También necesitamos dignidad y beneficios para todos los alguaciles de jurisdicción original a nivel nacional”.
Por su parte, los servidores judiciales administrativos, representados por Abril Vargas, leyeron un manifiesto en apoyo a la paralización de labores en los tribunales del país.
El documento subraya la necesidad de condiciones laborales adecuadas para un servicio judicial eficiente. “Un sistema judicial fuerte no puede sostenerse sobre estructuras precarias, sobrecarga laboral o limitaciones materiales que afectan el desempeño diario”, reza el manifiesto, que añade: “Este reclamo no responde a intereses personales, sino a la necesidad de garantizar espacios de trabajo adecuados, seguros y funcionales, compatibles con la responsabilidad que implica impartir justicia”.
Los manifestantes argumentaron que la mejora de las condiciones laborales dentro del Poder Judicial redundará directamente en beneficio del ciudadano, quien recibirá una justicia más eficiente, humana y oportuna.
Asimismo, denunciaron que muchos tribunales y dependencias operan con un déficit significativo de personal, lo que incrementa la carga laboral y retrasa las respuestas que la ciudadanía merece recibir con prontitud. Explicaron que la falta de recursos humanos ha provocado la acumulación de procesos y un mayor desgaste institucional en la justicia dominicana.
“Solicitamos el nombramiento y fortalecimiento del personal judicial y administrativo porque la realidad actual evidencia una necesidad operativa urgente. No se puede exigir eficiencia institucional sin dotar a los tribunales de los recursos humanos necesarios para responder al volumen real de trabajo”, afirmó Vargas tras la lectura del comunicado.
Los servidores judiciales señalaron que el costo de vida ha aumentado significativamente en los últimos años, mientras muchos empleados continúan percibiendo salarios que no reflejan la realidad económica actual.
Afirmaron que la indexación salarial no es un privilegio, sino una medida de justicia y equilibrio frente a la inflación y el incremento constante de los gastos básicos.
También solicitaron la reformulación del manual salarial del Poder Judicial para garantizar criterios más transparentes, coherentes y equitativos dentro de la estructura institucional, dada la existencia de diferencias y distorsiones salariales que, a su juicio, ameritan una evaluación seria.
“La reformulación del manual salarial debe responder a parámetros objetivos, modernos y acordes con las responsabilidades reales que desempeña cada servidor judicial, fortaleciendo así la confianza y la institucionalidad dentro del Poder Judicial”, sostuvieron.
Los manifestantes afirmaron que la carrera judicial y administrativa debe ofrecer oportunidades reales de crecimiento, ascenso y movilidad, basadas en el mérito, la preparación y la experiencia, lamentando que muchos servidores permanezcan años sin posibilidades claras de desarrollo profesional.
“Solicitamos parámetros institucionales más equitativos, aplicados con uniformidad y transparencia para todos los integrantes del Poder Judicial”, expresaron, asegurando que la igualdad y equidad institucional fortalecen la confianza y el sentido de pertenencia.
Las políticas institucionales, indicaron, deben aplicarse bajo criterios objetivos y equilibrados, garantizando un trato justo para todos los servidores judiciales.
“Hoy elevamos nuestra voz de manera pacífica y responsable, no solo en defensa de quienes integramos el Poder Judicial, sino también en favor de una justicia más fuerte, más eficiente y más humana para toda la sociedad”, manifestaron, advirtiendo sobre el profundo desgaste institucional, retrasos acumulados, precarización y pérdida progresiva de confianza ciudadana que atraviesa la justicia dominicana.
Finalmente, reiteraron que sus demandas no buscan privilegios, sino condiciones que permitan rescatar, fortalecer y dignificar la administración de justicia en la República Dominicana. “Permanecer en silencio frente a esa realidad sería fallarle al país, a las instituciones y al compromiso que asumimos con la democracia y el Estado de derecho”, concluyeron.
