MADRID.- Un tribunal español ha fallado a favor de la cantante colombiana Shakira, anulando una multa relacionada con la tributación del ejercicio fiscal de 2011 y ordenando a la Hacienda pública la devolución de aproximadamente 60 millones de euros (70 millones de dólares).
La Audiencia Nacional estimó el recurso presentado por la artista contra resoluciones previas de la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico Administrativo Central. Esta decisión conlleva la anulación de las liquidaciones y sanciones impuestas en relación con los impuestos sobre la renta y el patrimonio correspondientes al año 2011.
La sentencia, que aún puede ser recurrida, argumenta que la administración española no logró probar que Shakira permaneció en España durante más de 183 días en 2011, requisito legal indispensable para considerarla residente a efectos fiscales y, por ende, obligada a tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Este litigio, gestionado por la vía administrativa, se centraba inicialmente en una cantidad de poco más de 55 millones de euros (64 millones de dólares) reclamados a la cantante. Sin embargo, el equipo legal de Shakira estima que el monto total a devolver por Hacienda, incluyendo intereses y costas judiciales, supera los 60 millones de euros.
Un comunicado de la agencia Llorente y Cuenca, representante de Shakira, señala que esta resolución zanja la última de las disputas fiscales que la artista mantenía en España, tras un proceso que se extendió por ocho años.
Por otro lado, fuentes de la Agencia Tributaria recordaron que Shakira ya había aceptado previamente condenas por delitos contra Hacienda correspondientes a los ejercicios 2012-2014. Asimismo, anunciaron que la sentencia, hecha pública este lunes, será recurrida ante el Tribunal Supremo.
Recientemente, un juzgado de Barcelona archivó una segunda causa penal abierta contra Shakira por un presunto fraude de 6,6 millones de euros (7,7 millones de dólares) en 2018, a petición de la Fiscalía y otras acusaciones, remitiendo el asunto a la vía administrativa para la regularización de sus obligaciones tributarias.
Cabe recordar que, en 2024, Shakira alcanzó un acuerdo con la acusación por el cual aceptó una multa de 7,8 millones de euros (9 millones de dólares) tras reconocer haber defraudado 14,5 millones de euros (17 millones de dólares) a la Hacienda española entre los años 2012 y 2014, evitando así un proceso judicial prolongado que podría haber resultado en una pena de prisión.
En el caso específico de 2011, la Agencia Tributaria emprendió acciones contra Shakira al considerar que no había cumplido con el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio, argumentando que ella se declaró no residente cuando, según la administración, sí lo era y, por tanto, estaba sujeta a estas obligaciones fiscales en España.
La ubicación de la residencia de la cantante colombiana durante ese año fue el eje central del análisis de la Audiencia Nacional, que finalmente dictaminó que «no ha quedado acreditado» que Shakira tuviera su domicilio fiscal en España en aquel momento.
Por consiguiente, la resolución judicial concluye que «es obvio que las liquidaciones» y las sanciones impuestas «son contrarias a derecho».
De manera más específica, la justicia determinó que la estancia de la artista en España en 2011 fue de 163 días, por debajo de los 183 días exigidos por la legislación para establecer la residencia fiscal. Además, se señaló que la administración no pudo demostrar que Shakira tuviera el centro principal de sus intereses económicos o relaciones familiares con residentes en España.
La administración fiscal había argumentado que Shakira mantenía una relación sentimental con un residente español, el exfutbolista Gerard Piqué.
No obstante, el tribunal aclaró que en 2011 no existía un «vínculo conyugal» (ya que ambos nunca contrajeron matrimonio) ni «hijos menores» residentes en España, concluyendo que «no existía un núcleo familiar a efectos legales de una persona extranjera».
