Santo Domingo.- Tras varios días de anunciarse el acuerdo migratorio entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir temporalmente a extranjeros deportados de terceros países, las autoridades aún no han informado cuándo iniciarán los traslados ni cuántas personas serán enviadas al país. Este silencio mantiene abiertas las dudas sobre la forma de aplicación del convenio.
En el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), principal punto de entrada previsto para estas operaciones, persiste el hermetismo sobre la llegada de los primeros vuelos con migrantes deportados desde territorio estadounidense. Ni funcionarios de la Dirección General de Migración ni representantes de la empresa concesionaria Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) han ofrecido detalles concretos sobre la fecha de inicio del programa. Las pocas declaraciones obtenidas indican que todavía no han recibido una notificación oficial relacionada con la programación de los vuelos.
La falta de información contrasta con la relevancia del acuerdo alcanzado entre ambos países. República Dominicana aceptó recibir de manera temporal a personas deportadas desde Estados Unidos cuyos países de origen enfrentan dificultades para concretar su repatriación. La decisión ha sido vista como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre el Gobierno dominicano y la administración del presidente estadounidense Donald Trump, en un contexto en el que otras naciones de la región también han firmado convenios similares.
Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, se trata de un acuerdo de carácter no vinculante mediante el cual el país aceptará a extranjeros sin antecedentes penales. El convenio excluye a ciudadanos haitianos y a menores de edad no acompañados. Las autoridades han señalado que estas personas permanecerán en condición de tránsito dentro del territorio dominicano mientras se coordinan los procedimientos para su retorno a sus respectivos países de origen.
No obstante, hasta el momento no se ha precisado cuánto tiempo podrían permanecer en el país ni cuántos migrantes serían recibidos bajo este mecanismo. La información oficial se limita a indicar que se tratará de una cantidad reducida de personas.
La iniciativa surge como una alternativa para migrantes detenidos en Estados Unidos cuyos países de origen, principalmente en África, Europa Oriental y Asia, presentan obstáculos diplomáticos, legales o logísticos que dificultan su retorno. Mientras tanto, experiencias similares implementadas en países como El Salvador, Costa Rica y Panamá han generado debates públicos y cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que advierten sobre los desafíos legales y humanitarios asociados a este tipo de acuerdos.
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