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LA SUPREMA CORTE ANTE UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA: QUE LA JUSTICIA DEJE DE TENER DUEÑOS POLÍTICOS

Por Luis Castillo

La República Dominicana tiene ante sí una oportunidad que no debería pasar inadvertida. La reciente renovación de la Suprema Corte de Justicia y la elección de Justiniano Montero Montero como su presidente abren una nueva etapa para la justicia dominicana.

No quisiera limitarme a felicitar a los nuevos magistrados por sus designaciones. Quisiera, más bien, dirigirles un mensaje que considero necesario para el presente y el futuro de nuestras instituciones democráticas.

Desde que tengo uso de razón y he seguido la vida política dominicana, he visto cómo la designación de los integrantes de los más altos tribunales ha estado rodeada de cuestionamientos sobre relaciones políticas, afinidades partidarias y vínculos personales con los gobernantes de turno. Durante décadas, ha existido en amplios sectores de la sociedad la percepción de que, para llegar a determinadas posiciones judiciales, no siempre han bastado la trayectoria profesional, la capacidad y el mérito. También han pesado las relaciones y los compromisos políticos.

Esa percepción ha contribuido a debilitar la confianza ciudadana en la independencia de la justicia. Y sin confianza, no hay Estado de derecho que funcione, por más que las leyes estén bien escritas.

Por eso considero que este nuevo capítulo merece una reflexión diferente.

Cinco de los seis magistrados que acaban de incorporarse a la Suprema Corte provienen de la carrera judicial. Su nuevo presidente, Justiniano Montero Montero, también ha desarrollado su trayectoria dentro del Poder Judicial. Esto representa una oportunidad para fortalecer una cultura institucional en la que la experiencia, el conocimiento del sistema y la independencia sean los verdaderos pilares de la administración de justicia.

Pero quiero dejar algo muy claro: no basta con tener buenos currículos, años de experiencia o reconocimientos profesionales. La independencia judicial no se acredita en una hoja de vida. Se demuestra cuando llega el momento de tomar una decisión difícil, cuando los intereses políticos, económicos o personales entran en conflicto con la Constitución y las leyes.

A los nuevos integrantes de la Suprema Corte quiero decirles que tienen en sus manos una responsabilidad que trasciende sus respectivos períodos de siete años.

Ustedes tienen la oportunidad de demostrarle al país que un magistrado no tiene que agradecerle su independencia a quien lo designó, porque su compromiso fundamental debe ser con la Constitución, las leyes y el pueblo dominicano.

No importa quién haya votado por ustedes en el Consejo Nacional de la Magistratura. No importa si su designación recibió el respaldo unánime de sus integrantes. Una vez asumidas sus funciones, ustedes no representan al presidente de la República, ni al partido de gobierno, ni a los sectores que pudieron respaldar sus candidaturas. Representan la autoridad de la justicia dominicana.

Y aquí está lo verdaderamente histórico de esta oportunidad: ustedes pueden contribuir a romper una tradición de desconfianza y establecer un precedente que sobreviva a los gobiernos, a los partidos y a las generaciones.

Imaginen lo que significaría para la República Dominicana que, dentro de veinte, treinta o cincuenta años, los ciudadanos pudieran recordar esta etapa como el momento en que comenzó a consolidarse una Suprema Corte verdaderamente independiente.

Que los futuros presidentes de la República, sin importar su partido, encuentren un Poder Judicial que no puedan controlar; que los empresarios sepan que sus recursos no están por encima de la ley; que los funcionarios comprendan que administrar fondos públicos implica responsabilidad y que cualquier ciudadano, sin importar su condición económica o social, pueda acudir a los tribunales con la certeza de que será escuchado.

La justicia no puede tener amigos privilegiados, enemigos políticos ni compromisos pendientes.

Al magistrado Justiniano Montero y a los demás integrantes de la Suprema Corte les corresponde entender que están frente a una oportunidad que no se presenta todos los días. No se trata solamente de administrar un tribunal, sino de contribuir a construir una institución que pueda servir de ejemplo para las próximas generaciones.

La historia no recordará únicamente quiénes fueron designados ni quiénes votaron por ellos. Recordará sus sentencias, sus actuaciones y, sobre todo, su capacidad para mantenerse firmes cuando la independencia tenga un precio.

República Dominicana no necesita una justicia amiga del Gobierno ni enemiga de la oposición. Necesita una justicia amiga de la Constitución, defensora de los derechos y enemiga de la impunidad.

A los nuevos magistrados les corresponde demostrar que esta oportunidad histórica no fue simplemente un cambio de nombres, sino el comienzo de una nueva cultura judicial.

Que la independencia que hoy tienen la oportunidad de consolidar no termine con sus mandatos, sino que se convierta en un legado para las generaciones que vendrán.