Brasilia.- La Corte Suprema de Brasil decidió este viernes convocar al Gobierno y al Congreso a una audiencia de conciliación para tratar de limar diferencias y llegar a un acuerdo sobre un aumento de impuestos que ha generado roces entre ambos poderes.
El magistrado Alexandre de Moraes suspendió de manera cautelar un decreto firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en junio, con el que aumentaba un tributo sobre las operaciones financieras para equilibrar las cuentas públicas.
Al mismo tiempo, De Moraes paralizó un decreto legislativo aprobado posteriormente en el Congreso, de mayoría conservadora, que anulaba el aumento de impuestos que Lula buscaba.
El magistrado señaló en el auto que el actual embate entre los dos poderes, provocado por la política fiscal, es «indeseable» y contradice el principio constitucional de armonía que debe regir las relaciones entre ellos.
Después de realizar la audiencia de conciliación, convocada para el 15 de julio, con representantes del Ejecutivo, del Senado y de la Cámara de Diputados, De Moraes decidirá si mantiene o no las medidas cautelares.
La iniciativa del Congreso, en el que el Gobierno no cuenta con una base parlamentaria estable, tomó por sorpresa a Lula, quien ordenó a la Abogacía General del Estado recurrir al Supremo por considerar que el Poder Legislativo estaba invadiendo sus competencias y violaba la separación de poderes.
Con el aumento del impuesto, que afectaría la compra de moneda extranjera y algunas operaciones crediticias del sector privado, el Ministerio de Hacienda esperaba recaudar unos 12.000 millones de reales (unos 2.200 millones de dólares ó 1.870 millones de euros).
El pulso en torno a la política fiscal ha elevado las tensiones entre Gobierno y Congreso hasta su máximo nivel desde el inicio del mandato de Lula en enero de 2023 y a poco menos de año y medio de las próximas elecciones presidenciales y legislativas, previstas para octubre de 2026.
