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Santo Domingo, R.D. – En el marco del World Law Congress 2025, celebrado en Santo Domingo, un panel internacional analizó las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial (IA) para transformar el acceso a la justicia en todo el mundo. La sesión fue coordinada por Teodora Toma, directora ejecutiva de la World Jurist Association y socia del despacho Cremades & Calvo-Sotelo.
El panel reunió a reconocidos expertos en derecho y tecnología de distintas partes del mundo: Chen Ruojian (China), Fotjona Race (Albania), Daniel Guío Díaz (Colombia), Pablo Yusta (España), Eliana Bejarano (Colombia-España) y Zoraima Cuello (República Dominicana), excandidata a la vicepresidencia del país.
Durante su intervención, Cuello afirmó que la IA tiene el potencial de hacer la justicia más accesible, eficiente e inclusiva, especialmente para poblaciones en situación de vulnerabilidad. Señaló que en varios países ya se están implementando sistemas de asistencia jurídica automatizada, herramientas de transcripción en tiempo real y soluciones digitales que mejoran la gestión de audiencias y expedientes judiciales.
Una de las principales interrogantes planteadas durante el debate fue: ¿qué falta para implementar plenamente estas tecnologías? Los panelistas coincidieron en que el mayor reto es la formación tecnológica de los profesionales del derecho. En ese sentido, hicieron un llamado a las instituciones académicas para que integren contenidos sobre tecnologías emergentes en sus planes de estudio, preparando así a las futuras generaciones de juristas para un entorno cada vez más digital.
El encuentro dejó una visión optimista sobre el futuro del sistema judicial, impulsado por la innovación, pero también un claro llamado a la acción: para que la tecnología beneficie verdaderamente al derecho, es indispensable invertir en educación, ética y una regulación adecuada.
Finalmente, los expertos instaron a los bufetes, tribunales y organizaciones legales a dejar atrás el miedo y adoptar estas herramientas tecnológicas como aliadas fundamentales para optimizar procesos y garantizar un acceso más equitativo a la justicia.
