Santo Domingo.- La jueza presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, presidirá este viernes, por tercera ocasión, la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara. Este último está imputado de haber recibido un soborno de US$10,000 de un testigo relacionado con el denominado caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA) «Cobra».
La cita judicial está pautada para las 9:00 de la mañana. En ella, el Ministerio Público solicitará 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Valdez Alcántara, a quien se le imputan los delitos de concusión, soborno, cohecho y lavado de activos.
El procurador fiscal es acusado de gestionar y recibir una dádiva de US$10,000 de Roberto Antonio Canaán Acta, quien figura como testigo en el mencionado caso SENASA «Cobra».
Declaraciones del Ministerio Público
En recientes declaraciones, el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó categóricamente que «cualquier acto de corrupción del que tengamos evidencia terminará en los tribunales».
Esta declaración se produce al señalar que la investigación sobre este expediente sigue abierta, buscando obtener pruebas adicionales relacionadas con posibles solicitudes o entregas de soborno vinculadas al proceso.
Camacho resaltó que la investigación está en curso y que se proporcionará información adicional conforme avance el proceso judicial.
Adicionalmente, explicó que se efectuó una entrega controlada, previamente autorizada por un tribunal, como parte de una operación diseñada para interrumpir una conducta ilícita.
«Esta es una investigación abierta, y nosotros vamos a procurar obtener evidencia de cualquier solicitud o entrega de soborno que se haya hecho en este proceso. Vamos a seguir trabajando», reiteró el funcionario Camacho.
El funcionario subrayó la postura firme de la procuradora general de la República, Yeny Berenice Reynoso, y de la Dirección de Persecución, en no tolerar ni encubrir actos de corrupción.
«Quiero añadir que la corrupción en el sistema de justicia es una de las peores formas de corrupción, porque, además de afectar la seguridad jurídica, hace que el derecho sea susceptible al dinero», sentenció Wilson Camacho.
Detalles de los hechos según la solicitud de medida de coerción
Según el expediente judicial, el 13 de marzo de 2026, el imputado se reunió con el testigo Roberto Canaán en el parqueo de un centro comercial situado en la Avenida Jiménez Moya esquina Avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional. En ese encuentro, el testigo habría abordado el vehículo del procurador fiscal, quien presuntamente utilizó información privilegiada sobre sus conexiones personales y propiedades para establecer una posición de dominio.
Durante la reunión, el procurador fiscal habría propuesto alterar el curso del proceso judicial a cambio de un beneficio económico. La exigencia inicial fue de US$200,000, cantidad que posteriormente redujo a US$150,000 tras una negociación. Adicionalmente, el fiscal mostró interés en un reloj Rolex y habría exigido la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro, rechazando opciones de menor costo.
El procurador fiscal también habría ejercido coacción a través de llamadas telefónicas. El 18 de marzo de 2026, se le atribuye haber preguntado al testigo: «¿Para cuándo está la cosa?», estableciendo el 24 de marzo como fecha límite. Para asegurar el pago, habría advertido sobre la inminente judicialización del caso, condicionando la situación legal del testigo a la entrega del soborno.
Conforme a la solicitud de medida de coerción, el 27 de marzo de 2026, las autoridades llevaron a cabo un allanamiento en la residencia del procurador fiscal, donde se procedió a su arresto. Durante esta operación, se ejecutó una entrega vigilada del dinero.
El Ministerio Público sostiene que el imputado se dedicaba a recibir sobornos a cambio de alterar el curso de investigaciones bajo su responsabilidad.
