Washington.- Un tribunal federal de Estados Unidos ha anulado la suspensión de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países impuesta por el Gobierno del presidente Donald Trump.
La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jeannette Vargas, determinó que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales al aplicar la medida migratoria. En una sentencia de 61 páginas emitida la víspera, Vargas calificó la política como «manifiestamente ilegal» y cuestionó el argumento de la Administración de que los solicitantes representan un alto riesgo de convertirse en una carga económica para Estados Unidos.
La magistrada señaló que funcionarios estadounidenses recibieron instrucciones para negar visados incluso a inmigrantes que cumplían con los requisitos establecidos y que probablemente serían autosuficientes. Según la jueza, esa práctica contravenía las normas migratorias, que exigen una evaluación individualizada de cada solicitud antes de decidir si se concede o rechaza un visado.
Entre los países afectados por la directiva figuraban Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, además de otras naciones de América Latina y el Caribe. La suspensión, aplicada desde enero, también incluía a Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
El caso fue presentado por cinco profesionales de Colombia cuyas solicitudes de visado fueron rechazadas con base en la nueva política. También participaron seis ciudadanos estadounidenses que alegaron perjuicios para familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, según informó The New York Times.
La sentencia también deja sin efecto las denegaciones de visado sustentadas exclusivamente en la medida, lo que podría provocar la revisión de miles de solicitudes que ya habían sido procesadas. Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, calificó la decisión como una victoria para cientos de miles de familias afectadas por la política migratoria.
La representante sostuvo que el tribunal dejó claro que las leyes de inmigración no pueden utilizarse como fundamento para discriminar a personas por su país de origen. Por su parte, Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, afirmó que la sentencia constituye un rechazo contundente a una política que, según dijo, causó graves daños a familias y comunidades.
Perryman también cuestionó que la Administración Trump-Vance utilice las leyes migratorias para impedir el ingreso de ciudadanos de países completos, separar familias o negar derechos constitucionales. Hasta el momento, el Departamento de Estado y la Casa Blanca no se han pronunciado públicamente sobre la decisión judicial.
