CARACAS.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este lunes que un tribunal ha negado la solicitud de amnistía presentada por el periodista Rory Branker, quien permaneció detenido durante casi un año y fue excarcelado en enero en el marco de un proceso de liberaciones impulsado por el Gobierno encargado.
Según la información difundida por el SNTP a través de X, Branker había formalizado su petición acogiéndose a la Ley de Amnistía promulgada en febrero. Sin embargo, el tribunal le notificó hoy que su caso «no procede» para sobreseimiento o anulación.
La organización gremial criticó la decisión, afirmando que «mantiene abierto el proceso penal en su contra y confirma que su excarcelación no significó el fin de la persecución». El SNTP añadió que esta resolución mantiene vigentes los cargos de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria contra el periodista, en un proceso judicial que el sindicato califica de «carente de garantías».
A juicio del SNTP, esta determinación judicial «evidencia la aplicación discrecional» de la Ley de Amnistía.
Branker, editor del medio web La Patilla, fue arrestado el 20 de febrero de 2025 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según reportó el SNTP en su momento. La familia del periodista pudo verlo por primera vez en un calabozo policial en septiembre pasado, después de que su paradero fuera desconocido durante 206 días.
El periodista fue puesto en libertad el pasado 4 de febrero, tras once meses de detención. Su excarcelación se produjo como parte de un plan de liberaciones anunciado por el Gobierno encargado el 8 de enero, el cual ha proseguido tras la implementación de la Ley de Amnistía en febrero.
Hasta el 26 de marzo pasado, 8.416 personas habían recibido libertad plena en el marco de este proceso, de acuerdo con datos del Parlamento, que no ha hecho pública una lista con las identidades de los beneficiarios.
La Ley de Amnistía abarca un periodo de 27 años, desde 1999 (año en que el chavismo asumió el poder), pero especifica que solo se otorgará a individuos vinculados con 13 «hechos» ocurridos en 13 años diferentes. Esta restricción excluye el resto del periodo establecido y casos relacionados con operaciones militares, así como delitos de corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
