CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunció el miércoles el inicio de una investigación contra doce personas y dos entidades legales vinculadas al Cártel de Sinaloa, señaladas por Washington. Esta acción se desprende de un análisis financiero, fiscal y corporativo para identificar posibles redes u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En un comunicado, el organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda de México precisó que está «reforzando» las medidas contra estos individuos, quienes fueron sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense por su presunta relación con el tráfico de fentanilo y con células criminales del Cártel de Sinaloa, también conocido como el del Pacífico.
«Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada», señaló la dependencia del Gobierno federal.
En este contexto, la UIF reiteró su «coordinación permanente» con autoridades internacionales para «proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita».
Específicamente, Washington acusa a estos individuos de tráfico de drogas y lavado de dinero, supuestamente derivado de la venta de fentanilo a través de criptomonedas.
Una de las redes investigadas estaría liderada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como coordinador de la recolección de grandes cantidades de efectivo provenientes de la venta de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, para su posterior conversión en activos digitales y transferencia a México.
Entre los sancionados se encuentran también Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como operador financiero clave en transacciones con criptomonedas; Rodrigo Alarcón Palomares, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero; y el empresario Alfredo Orozco Romero, junto con empresas y familiares que presuntamente fungían como testaferros.
El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones mexicanas del narcotráfico designadas como terroristas por la Administración del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, desde su llegada a la Casa Blanca.
Recientemente, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó la detención urgente de diez funcionarios mexicanos, incluyendo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, bajo acusaciones de narcotráfico por presunta colaboración con Los Chapitos a cambio de sobornos y favores políticos.
