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Por Luis Castillo
La decisión de aumentar el impuesto sobre las transferencias electrónicas y los cheques merece una reflexión profunda. El debate no debe centrarse únicamente en que la tasa pasó de 0.15 % a 0.20 %. La verdadera pregunta es otra: ¿estamos construyendo un país preparado para la economía digital o estamos poniendo obstáculos al progreso?
En todo el mundo, gobiernos, bancos y empresas trabajan para reducir el uso del efectivo. Las razones son evidentes: los pagos electrónicos son más rápidos, más seguros, más transparentes y mucho menos costosos para la sociedad.
Una transferencia hecha desde un teléfono celular evita desplazamientos, reduce el consumo de combustible, ahorra tiempo y disminuye el riesgo de robos. Además, deja un registro que fortalece la transparencia y dificulta la evasión fiscal.
Entonces resulta difícil entender por qué, en lugar de incentivar ese comportamiento, el Estado decide hacerlo más caro.
Cuando un padre envía dinero a un hijo, una persona ayuda a sus padres o un ciudadano transfiere fondos entre sus propias cuentas, no está creando una riqueza nueva. Está moviendo recursos que ya pagaron impuestos cuando fueron obtenidos. Cobrar nuevamente por ese movimiento transmite la impresión de que se grava la eficiencia y no la generación de riqueza.
Las políticas tributarias también educan. Cada impuesto envía una señal sobre el comportamiento que un país desea promover. Si utilizar medios electrónicos cuesta más, muchas personas preferirán volver al efectivo.
Pero el efectivo tampoco es gratuito. Imprimir billetes, transportarlos, custodiar su seguridad y reemplazarlos cuando se deterioran representa millones de pesos en gastos para el Estado. A eso se suma que el dinero en efectivo facilita la informalidad y dificulta la trazabilidad de muchas operaciones.
Por esa razón, numerosos países han optado por incentivar los pagos digitales y la inclusión financiera. La digitalización no solo beneficia a los bancos; beneficia al ciudadano, a las empresas y al propio Estado.
No se trata de negar la necesidad de recaudar impuestos. Todo Estado necesita recursos para ofrecer servicios públicos de calidad. Lo importante es elegir mecanismos que no desincentiven aquello que impulsa el desarrollo.
La República Dominicana tiene la oportunidad de convertirse en una economía cada vez más moderna, transparente y competitiva. Sin embargo, decisiones como esta parecen enviar el mensaje contrario.
En lugar de cobrar más por utilizar transferencias electrónicas, el Estado debería estudiar incentivos para quienes adopten los medios digitales. Eso reduciría costos públicos, fortalecería la formalización de la economía y aumentaría la transparencia de las transacciones.
La historia demuestra que las naciones progresan cuando utilizan la tecnología para facilitar la vida de sus ciudadanos, no cuando la convierten en una nueva fuente de cargas.
La pregunta que debemos hacernos como sociedad es sencilla: ¿queremos que la República Dominicana avance hacia una economía del siglo XXI o queremos seguir incentivando el uso del efectivo, propio de una economía del pasado?
Porque un impuesto no solo recauda dinero. También revela la visión de futuro de un país.
