MADRID.- Más de un millón de personas han presentado solicitudes para beneficiarse de la regularización migratoria extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno español, con un plazo que finalizó este martes. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dio a conocer esta cifra durante el último día para presentar las solicitudes y destacó que cada petición representa una persona que ya vive en España y que, a partir de ahora, formará parte de la sociedad con todos los derechos y deberes.
El Ejecutivo español inició este proceso de regularización el pasado 16 de abril y finaliza este 30 de junio. La previsión inicial era que al menos medio millón de personas se beneficiarían del mismo, siempre que residan en España desde antes del pasado 1 de enero y sean demandantes de asilo que lo hayan solicitado antes de esa fecha, acreditando un mínimo de cinco meses seguidos en el país cuando presenten la solicitud y no tengan antecedentes penales.
Los inmigrantes deberán aportar diversos documentos para cumplir con los requisitos del proceso, incluyendo aquellos que demuestren el tiempo de estancia en España, el certificado de antecedentes penales y, solo en algunos casos, un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno como colaboradora en materia de extranjería.
Desde hace más de tres meses, miles de personas han enfrentado la burocracia para conseguir la documentación necesaria y han contado con el apoyo de voluntarios de distintas organizaciones no gubernamentales. Se han podido ver largas filas de personas ante ayuntamientos y otras oficinas de la administración habilitadas para llevar a cabo los trámites, mostrando su angustia ante las dificultades de conseguir algunos documentos necesarios.
Ante este proceso de regularización, tanto el conservador Partido Popular (PP) como la ultraderecha de Vox manifestaron su rechazo. Cuando en abril se puso en marcha el proceso, el secretario general del PP, Miguel Tellado, lo calificó como un «disparate» y aseguró que provocaría el caos en España, afectando a los servicios públicos, las ayudas sociales, la sanidad y el acceso a la vivienda.
Al finalizar el plazo, el portavoz del PP, Borja Sémper, afirmó que se opusieron a la regularización porque estaba mal planificada y cuantificada, lo que se demuestra ahora, cuando «ha superado los anuncios del propio Gobierno» en el número de solicitantes.
El Tribunal Supremo ha planteado la posibilidad de llevar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por si entra en conflicto con el derecho comunitario. La decisión se produce después de admitir la tramitación de los recursos presentados por los gobiernos regionales de Valencia y Aragón contra determinados aspectos del real decreto sobre la regularización.
El alto tribunal da a las partes cinco días para expresar su parecer acerca de la procedencia de formular ante el TJUE «una cuestión prejudicial interpretativa» sobre algunos puntos del decreto «que en su caso podrían entrar en conflicto con el derecho de la UE». Desde el Gobierno, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantiene que la norma «se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea (UE).
