CARACAS.-
Las autoridades venezolanas evalúan la posibilidad de otorgar «medidas de gracia» o indultos presidenciales a individuos no contemplados en la recién promulgada Ley de Amnistía, un instrumento que, según críticos, solo beneficia a un sector de detenidos. Ante esta situación, diversas ONGs y familiares exigen que las liberaciones se extiendan a la totalidad de los presos políticos en el país.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anticipó el sábado que «muchas» de las personas que no califican para acogerse a la amnistía están siendo consideradas para recibir «medidas de gracia o de indulto» presidencial.
Rodríguez detalló que, tras la promulgación de la ley esta semana, se ha abierto un espacio para que instancias como el Programa para la Convivencia y Paz, establecido en enero por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, o la Comisión para la Revolución Judicial, puedan atender casos y recomendar medidas para personas no incluidas en la legislación.
La Ley de Amnistía, que teóricamente abarca el período entre 1999 y 2026, especifica 13 coyunturas políticas desde el año 2002. Esta delimitación excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos vinculados a operaciones militares.
El presidente del Parlamento afirmó que, durante el mismo sábado, se estaban llevando a cabo «cientos de liberaciones» en el país. Sin embargo, no precisó la cantidad exacta, las identidades de los beneficiados ni otros detalles sobre las medidas implementadas.
Asimismo, Rodríguez detalló que los primeros casos atendidos corresponden a los calabozos policiales conocidos como Zona 7 y El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ambos ubicados en Caracas.
La comisión especial del Parlamento, encargada del cumplimiento de la ley, se declaró en «sesión permanente» y, hasta el sábado, había recibido 1.557 solicitudes de amnistía, las cuales, según Rodríguez, «se están atendiendo de inmediato».
Se espera atender las solicitudes de «más de 11.000» personas que actualmente gozan de medidas sustitutivas de libertad, como prohibición de salida del país y régimen de presentación ante tribunales, con el objetivo de que «puedan disfrutar libertad plena».
Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), una ONG integrada por familiares y activistas, exigió el sábado que los beneficios de la amnistía se extiendan a todos los presos políticos «sin discriminación ni exclusión».
Aunque la organización reconoce que la legislación puede generar «avances parciales» y liberaciones, enfatiza que la amnistía «solo es válida» si se garantiza «el desmontaje del sistema represivo» y se establecen «condiciones reales y seguras» para el retorno de los exiliados.
Familiares de presos políticos han mantenido vigilias permanentes en las afueras de diversas cárceles desde el 8 de enero, fecha en que comenzó un proceso de excarcelaciones, para exigir la libertad plena de todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.
La ONG Foro Penal, líder en la defensa de presos políticos, estimó el viernes que al menos 400 detenidos por motivos políticos podrían quedar excluidos de la amnistía. La organización informó que entregará a la comisión especial del Parlamento una primera lista para la revisión de 232 casos.
De acuerdo con sus registros, actualmente hay más de 600 presos políticos en Venezuela, luego de la excarcelación de 448 personas desde el 8 de enero.
Por su parte, el Gobierno venezolano reitera que en el país no existen presos políticos, sino individuos procesados por la comisión de delitos.
