Caracas.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en Caracas con una delegación del Departamento de Estado y del Tesoro de Estados Unidos para evaluar la agenda de «desarrollo económico», informó este lunes Prensa Presidencial.
En una nota, señaló que el encuentro se dio en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, así como para «robustecer» acuerdos tangibles y vigentes en diversas áreas como el comercial, energético y financiero.
Igualmente, abordaron la reactivación de mecanismos financieros que beneficien el desarrollo socioeconómico de Venezuela y la búsqueda de la estabilización del mercado energético, sin ofrecer mayores detalles.
La delegación estadounidense estuvo encabezada por el subsecretario adjunto para Asuntos Financieros Internacionales del Departamento del Tesoro, Jonathan Greenstein; y el subsecretario adjunto para el Financiamiento del Terrorismo, Jonathan Burke, de acuerdo a Prensa Presidencial.
Por su parte, Rodríguez estuvo acompañada por el vicepresidente Sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega; el canciller, Félix Plasencia; el presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez; el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; y la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira.
En julio pasado, el Departamento del Tesoro anunció una flexibilización temporal de ciertas medidas de supervisión financiera para permitir que las instituciones estadounidenses faciliten operaciones autorizadas relacionadas con la recuperación económica y la ayuda humanitaria en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio.
La medida establece que la Red de Control de Delitos Financieros no emprenderá acciones de cumplimiento contra entidades financieras que presten servicios autorizados en Venezuela, país bajo sanciones, entre el 27 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027.
La decisión busca facilitar que bancos y otras instituciones financieras estadounidenses puedan procesar operaciones vinculadas con la asistencia humanitaria, la reconstrucción y la recuperación económica de Venezuela tras los terremotos, al reducir el riesgo de sanciones regulatorias por posibles dificultades de cumplimiento durante esas transacciones autorizadas.
De acuerdo con un informe del Banco Mundial, los daños provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela tendrán un costo estimado de 19.600 millones de dólares.
