Seúl.- Un tribunal surcoreano volvió a denegar este sábado la extensión de la detención del presidente Yoon Suk-yeol, que expira el próximo 28 de enero, en el marco de la investigación sobre su declaración de la ley marcial el mes pasado.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl rechazó la nueva solicitud de la Fiscalía, que había sido presentada este mismo sábado, unas horas después de que esta instancia denegara una solicitud similar en la víspera.
El tribunal alegó «motivos similares» a su anterior negativa, que se basó en la falta de causa probable (el conjunto de pruebas que justifican una detención) de cara a continuar con la investigación.
El ministerio fiscal aspiraba a mantener a Yoon bajo arresto diez días más, hasta el 6 de febrero, y después de que la Oficina de Investigación de Casos de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés) transfiriera el caso a la Fiscalía el pasado jueves.
La Fiscalía consideraba que «hay necesidad de una extensión del periodo de detención» con vistas a llevar a cabo investigaciones suplementarias, en línea con anteriores casos transferidos por la CIO y según lo establecido por la ley penal, según indicó en un comunicado.
El pasado jueves, la CIO instó a la Fiscalía que solicitara la imputación de Yoon por un delito de insurrección y abuso de poder, algo para lo que el ente anticorrupción carece de competencia.
La Fiscalía debe decidir ahora si imputa al presidente, que permanece bajo arresto desde el pasado día 15, antes de que concluya el período de detención actual.
Por ley, en Corea del Sur un sospechoso sobre el que no pese una acusación formal puede permanecer bajo arresto un máximo de 10 días, y los investigadores pueden solicitar una posible extensión de otros 10 días.
De este modo, los fiscales encaran una carrera contrarreloj, ya que disponen de apenas dos días para tratar de interrogar al presidente, que se ha negado a declarar ante la CIO.
A su vez, los abogados de Yoon recibieron con satisfacción la decisión del tribunal de la víspera de prolongar su arresto y reclamaron en un comunicado su liberación inmediata.
Yoon está siendo investigado junto a otros militares y miembros de su Gobierno por conspirar para llevar a cabo una insurrección el pasado 3 de diciembre al declarar la ley marcial.
La pena por liderar una insurrección en Corea del Sur es la cadena perpetua o la pena de muerte, para la que existe una moratoria desde 1997.
A su vez, el Tribunal Constitucional está celebrando un juicio político para determinar si restituye a Yoon en su puesto o si ratifica su destitución parlamentaria, decisión que conllevaría la convocatoria de elecciones presidenciales adelantadas.
