LIMA, PERÚ.-
El Congreso de la República del Perú ha destituido este martes al presidente interino, José Jerí, por motivos de inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo. La decisión, que se tomó tras un juicio político sumario, convierte a Jerí en el séptimo jefe de Estado removido en el país en los últimos diez años.
La moción de vacancia contra Jerí fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. José Jerí, quien accedió a la presidencia interina en octubre tras ocupar la presidencia del Congreso, es el último actor en la profunda crisis institucional que atraviesa Perú desde las elecciones de 2016. Esta crisis se ha caracterizado por un constante choque de poderes entre un Parlamento robusto y un Poder Ejecutivo debilitado, en un escenario de fragmentación partidaria y escasez de consenso político.
«La mesa directiva declara la vacancia del presidente de la república», anunció el jefe encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, una vez concluida la votación. Para lograr la destitución se requerían un mínimo de 58 votos.
Como consecuencia de esta decisión, Perú permanecerá sin un jefe de Estado por un período superior a las 24 horas, un hecho calificado como inédito en la historia reciente del país. El Parlamento ha convocado a una sesión para el miércoles a las 18:00 horas (23:00 GMT) con el fin de elegir a un nuevo presidente legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina del Perú hasta el 28 de julio, fecha en que finaliza el período actual.
La salida de José Jerí ocurre mientras la Fiscalía lo investiga en el marco de dos expedientes por presunto tráfico de influencias. Su mandato, que estaba previsto culminar en julio, tenía como objetivo principal garantizar la transparencia de las elecciones presidenciales y legislativas programadas para el 12 de abril.
Jerí, de 39 años, asumió la presidencia el 10 de octubre, reemplazando a Dina Boluarte, quien también fue destituida mediante un juicio político. En su caso, se argumentó su incapacidad para abordar una creciente ola de extorsiones y asesinatos por encargo que afectaban al país.
En los exteriores del Congreso, un grupo reducido de manifestantes se congregó con pancartas solicitando la salida de Jerí. «No es nuestro presidente, censura ya, censura inmediata», expresó a la agencia AFP María Galindo, una comerciante de 48 años.
El ya expresidente Jerí enfrentó hasta siete solicitudes de censura, impulsadas tanto por la minoritaria oposición izquierdista como por un bloque de partidos de derecha. Las acusaciones se centraban en «inconducta funcional y falta de idoneidad» para el ejercicio de sus responsabilidades.
Durante el debate parlamentario, el legislador derechista Jorge Marticorena afirmó: «Ha decepcionado al Congreso por los errores que ha cometido, el Congreso se equivocó al elegirlo y podemos corregir el error». Por su parte, la legisladora de izquierda Susel Paredes, añadió: «Este presidente no sirve, tenemos hartas cifras de sicariato y homicidios, las cifras no han bajado».
El analista político Augusto Álvarez señaló a la AFP que «tener un nuevo relevo en la presidencia -el cuarto en el actual lustro político- no resolverá nada de la profunda crisis institucional que vive el país». Asimismo, Álvarez manifestó que «será difícil encontrar en el Congreso actual -con evidencia de mediocridad y sospecha sólida de corrupción generalizada- un reemplazo con legitimidad política».
La celeridad en la tramitación de la censura ha sido vinculada por algunos observadores con la actual campaña electoral, que registra un número récord de más de 30 candidatos presidenciales. «Los partidos que apresuran la destitución lo hacen porque creen que eso podría ayudarlos a obtener más votos en la elección del 12 de abril», enfatizó Álvarez.
El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien encabeza las encuestas, había sido uno de los más vocales en demandar la renuncia de Jerí. López Aliaga, simpatizante del expresidente estadounidense Donald Trump, había acusado públicamente a Jerí de ser «operador de decenas de grupos chinos que entran a Palacio en masa».
La inestabilidad política ha sido una constante en Perú; en la última década, solo uno de cada siete mandatarios peruanos ha logrado completar su período de gobierno.
Tras un inicio con una aprobación del casi 60% en los sondeos, impulsada por su compromiso contra el crimen organizado, la popularidad de Jerí descendió al 37% en febrero. Las críticas se intensificaron cuando en enero la Fiscalía inició una investigación preliminar por presunto «tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses». Esto se dio a conocer luego de una reunión encubierta con un empresario chino que mantenía negocios con el gobierno, encuentro al que Jerí asistió con el rostro cubierto. La situación se agravó este mes con una segunda indagación por «tráfico de influencias» relacionada con su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su administración.
