Albany, Nueva York.- Un grupo de legisladores, defensores de derechos humanos y familiares de reclusos se congregó este lunes en Albany para exigir a la Legislatura estatal la aprobación de un paquete de leyes que buscan reformar el sistema penitenciario de Nueva York y facilitar la excarcelación de internos que han demostrado su resocialización y no representan un riesgo para la sociedad.
El llamado se produjo en el marco de la Jornada de Concientización para Poner Fin al Encarcelamiento Masivo, donde los participantes denunciaron un sistema que, a su juicio, prioriza las medidas punitivas y los castigos prolongados sobre la rehabilitación y el apoyo necesario para la reinserción comunitaria. Los asistentes describieron la situación actual en las cárceles como “una crisis de racismo, brutalidad y tortura”, instando a la implementación de un marco legislativo que garantice “la reinserción justa de los reclusos y el fin del abuso”.
La senadora Julia Salazar, quien preside el Comité de Víctimas del Crimen, Delincuencia y Correccionales, hizo hincapié en la urgencia de actuar, recordando las muertes de los internos Robert Brooks y Messiah Nantwi a manos de guardias penitenciarios. La legisladora señaló que ante la “violencia racista” documentada en el sistema, es imperativo poner fin a lo que denominó “castigo interminable”.
“Existe una crisis grave y de larga data de racismo, brutalidad y tortura en el sistema penitenciario del estado de Nueva York“, afirmó la senadora Salazar. “Y como demostró mi informe reciente, necesitamos una reforma integral para acabar con el encarcelamiento masivo, reunir a las familias y garantizar la seguridad de todos los neoyorquinos”.
La legisladora agregó que “exigimos una serie de medidas legislativas que creen vías justas de reinserción social y transformen las condiciones tanto para las personas privadas de la libertad como para el personal penitenciario. Nuestro estado merece un sistema de justicia que brinde seguridad y sanación, no violencia y desesperación”.
En el mismo sentido, Nick Encalada-Malinowski, director de la campaña de derechos civiles de la organización VOCAL-NY, instó a los defensores de los internos a presionar a los líderes estatales para que implementen soluciones a la crisis carcelaria, incluyendo mecanismos para la liberación de reclusos y una transformación genuina de las condiciones en prisión.
“En el año y medio transcurrido desde el brutal asesinato de Robert Brooks a manos de guardias, un hecho que quedó grabado en video, solo hemos visto cambios insuficientes que no resuelven los problemas sistémicos de larga data”, lamentó Encalada-Malinowski. “Tenemos las soluciones, pero aún no hemos visto la voluntad política de quienes tienen el poder para implementar estos cambios”.
Por su parte, José Saldaña, director de la Campaña para la Liberación de Personas Mayores en Prisión (RAPP) y exrecluso que pasó 38 años en prisión, subrayó que cientos de miles de neoyorquinos se ven afectados por la “crisis humanitaria” en las cárceles estatales, caracterizada por el racismo y la brutalidad endémica, lo que demanda acciones inmediatas.
“Esta es una crisis de salud pública deliberadamente creada que afecta a familias negras, latinas y de clase trabajadora, generando pobreza y trauma intergeneracionales que, en última instancia, hacen que nuestras comunidades sean menos seguras”, declaró Saldaña. “Existen soluciones claras para poner fin a esta crisis multifacética. Los legisladores deben crear vías justas y seguras para que las personas encarceladas regresen a casa y transformar las condiciones dentro de las prisiones”.
La senadora Lea Webb se unió al llamado, enfatizando la necesidad de mantener la presión sobre Albany para la aprobación de leyes que reformen y mejoren el sistema de justicia y penitenciario, y que garanticen la rendición de cuentas de quienes cometen abusos.
“Reformar nuestro sistema de justicia implica una rendición de cuentas integral, apoyar la rehabilitación, proteger y fortalecer a nuestras familias”, sostuvo la senadora Webb. “Estas medidas crearían condiciones más seguras dentro de los centros penitenciarios, a la vez que brindarían oportunidades para que las personas privadas de libertad se rehabiliten, regresen con sus familias y promuevan la justicia en nuestras comunidades”.
Entre los proyectos de ley destacados, los manifestantes también exigieron uno que garantice visitas presenciales justas y accesibles, priorizando la conexión humana sobre las videollamadas. Esto incluiría horarios razonables, tiempo de visita adecuado y políticas que consideren la distancia que muchas familias deben recorrer.
El senador estatal Luis Sepúlveda defendió firmemente esta medida, argumentando que “la tecnología nunca debería sustituir a las conexiones humanas; las visitas por video no deben convertirse en un sustituto de las visitas presenciales. Se trata de justicia sostenible, dignidad y de mantener a las familias unidas; por ello, seguiré luchando para asegurar que esta medida avance y se convierta en ley”.
Sepúlveda añadió que “la lucha para poner fin al encarcelamiento masivo trasciende cualquier proyecto de ley individual. Se trata de restituir la humanidad, la dignidad y la equidad a un sistema que, con demasiada frecuencia, ha separado a las familias y ha perjudicado a las comunidades”.
El senador José Serrano manifestó que el Estado de Nueva York debe apoyar e invertir en las personas afectadas por el encarcelamiento masivo, la criminalización y la falta de inversión en sus comunidades. Instó a sus colegas en la Legislatura a dar luz verde al paquete de reformas.
“Este conjunto de proyectos de ley ayudará a garantizar que haya justicia para aquellos que han resultado perjudicados por el sistema de justicia. Agradezco a mis colegas que patrocinan estas importantes iniciativas, y agradezco a todos los grupos de defensa que luchan por nuestros conciudadanos neoyorquinos”, concluyó el legislador.
El impulso por estos cambios legislativos en Albany se da en un momento en que la administración municipal de Nueva York está buscando un “zar de las cárceles”, cuya tarea principal sería gestionar el cierre de Rikers Island y la transición hacia la apertura de instalaciones más pequeñas en los condados.
Un portavoz de la administración municipal confirmó que “el Concejo Municipal aprobó el año pasado una ley que exige la creación de este cargo, y la administración la está implementando y está comprometida en cerrar la isla Rikers y sustituirla por instalaciones más pequeñas, ubicadas en los distintos condados, que ya se encuentran en construcción”. Agregó que “este puesto forma parte de un esfuerzo más amplio para construir un sistema penitenciario más seguro y humano: para los funcionarios de prisiones, para las personas bajo custodia y para todos los neoyorquinos”.
Aunque el proyecto inicial para clausurar la cárcel de Rikers Island, conocida por las constantes denuncias de violencia y violación de derechos humanos, estaba programado para agosto de 2027, las autoridades municipales no están seguras de poder cumplir con esa fecha límite.
