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Nuevas propuestas buscan impedir que los encierros prolongados en las celdas impidan a los presos recibir atención médica
NUEVA YORK. — ¿Qué sucede cuando una persona bajo custodia pierde una cita médica porque permanece encerrada en su celda? ¿Quién supervisa las decisiones de alojamiento que afectan a una persona trans encarcelada?
Estas preguntas volvieron al centro del debate esta semana en el Concejo Municipal de Nueva York, donde el Comité de Justicia Penal retomó dos proyectos de ley destinados a abordar problemas relacionados con el acceso a servicios médicos y las condiciones de alojamiento de personas bajo custodia.
Uno de los datos más preocupantes aparece en un informe presentado ante el Concejo: en junio de 2026 apenas se completó el 56% de las 6,259 citas de salud mental programadas en las cárceles municipales.
El documento también recoge una revisión de la Junta de Corrección, que identificó siete casos de encierro individual involuntario en unidades de observación psiquiátrica y detectó deficiencias en el registro de estas restricciones.
DIFERENCIAS EN EL ACCESO A SALUD MENTAL
Los datos también muestran diferencias según el género.
Al 31 de octubre de 2025, el 87% de las mujeres bajo custodia había recibido servicios de salud mental, frente al 58% de los hombres.
El informe, sin embargo, no presenta una cifra separada para mujeres trans.
La situación se produce en un sistema carcelario donde una proporción significativa de las personas detenidas requiere algún tipo de atención relacionada con la salud mental.
MÁS DE 6,700 PERSONAS BAJO CUSTODIA
Durante una audiencia ante el Concejo Municipal en junio, el comisionado del Departamento de Corrección de la Ciudad de Nueva York (DOC-NYC), Stanley Richards, informó que unas 6,700 personas se encontraban bajo custodia.
De ese total, más de 4,100 personas —alrededor del 60%— tenían la designación “Brad H”, utilizada para identificar a personas encarceladas que reciben servicios de salud mental o han sido evaluadas para recibirlos.
Además, aproximadamente 20% había sido identificado con una enfermedad mental grave.
En Rikers Island, más de la mitad de las personas encarceladas han sido diagnosticadas con alguna enfermedad mental, mientras que aproximadamente una de cada cinco presenta una condición psiquiátrica considerada grave.
Entre las condiciones que pueden estar comprendidas en esta categoría figuran la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y el trastorno por estrés postraumático.
Richards reconoció ante el Concejo que el volumen de personas bajo custodia genera presión sobre las operaciones del sistema, incluyendo el alojamiento, el transporte, las escoltas médicas, los programas y la supervisión.
LAS CITAS MÉDICAS PERDIDAS SE MULTIPLICAN
El problema no es nuevo.
Un estudio del Data Collaborative for Justice encontró que la proporción de personas con la designación “Brad H” aumentó del 43% en 2016 al 57% en abril de 2025.
Durante ese mismo periodo de referencia, la proporción de personas identificadas con una enfermedad mental grave pasó del 11% en 2015 al 21% en 2025.
Otro informe, elaborado por Katal Center y el Data Collaborative for Justice, contabilizó 15,823 citas médicas perdidas en septiembre de 2025, frente a 3,626 en septiembre de 2020.
Las cifras corresponden específicamente a esos meses y no representan el total anual.
PROYECTO BUSCA EVITAR QUE EL ENCIERRO IMPIDA LA ATENCIÓN
Ante esta situación, la concejal Selvena N. Brooks-Powers, presidenta del Comité de Justicia Penal, presentó en abril el proyecto legislativo 0809, que busca avanzar este año.
La propuesta plantea que el DOC-NYC y los servicios de salud mantengan comunicación durante los periodos de encierro.
Si una persona pierde una consulta médica debido a la restricción de movimiento, el personal sanitario tendría que determinar cuándo debe recibir la atención, de acuerdo con su necesidad médica.
El proyecto también contempla que la agencia continúe proporcionando escoltas médicas siempre que sea posible y que registre los casos en los que una persona no pudo acudir a una cita debido al encierro.
Brooks-Powers explicó que la iniciativa busca garantizar que las personas bajo custodia puedan recibir la atención médica necesaria incluso durante periodos de movimiento restringido.
PIDEN VIGILANCIA SOBRE LOS ENCIERROS
La Junta de Corrección ya había advertido en un informe publicado en 2022 que los encierros podían dificultar el acceso de las personas encarceladas a servicios médicos y de salud mental.
Posteriormente, un balance de la Contraloría de Nueva York, publicado en 2023, reportó un aumento del 21% en las citas médicas perdidas con base en los datos disponibles entonces.
Durante las actuales discusiones legislativas, Zachary Katznelson, director ejecutivo de la Comisión Independiente de Rikers, pidió una supervisión periódica para verificar que no vuelva a utilizarse el denominado “deadlocking”, término utilizado para describir el mantenimiento de personas encerradas en sus celdas durante periodos prolongados.
Katznelson también planteó restablecer la capacitación conjunta en intervención de crisis para el personal penitenciario y sanitario, reforzar la preparación para atender a personas con enfermedades mentales graves y reabrir unidades especializadas destinadas a quienes incurran en infracciones disciplinarias graves.
El debate vuelve a colocar bajo escrutinio el funcionamiento de las cárceles municipales de Nueva York y, particularmente, la capacidad del sistema para garantizar que las restricciones de movimiento no terminen bloqueando el acceso de las personas bajo custodia a servicios de salud que necesitan.
