El Cairo.-
Los países de Oriente Medio experimentaron un notable incremento en la aplicación de la pena de muerte en 2025, un año en el que Irán y Arabia Saudí registraron cifras históricas de ejecuciones, con 2.159 y 356, respectivamente, según denunció este lunes Amnistía Internacional (AI).
En su reciente informe global sobre la pena capital, la organización internacional señaló que las autoridades iraníes «intensificaron el uso de la pena de muerte como instrumento de represión y control políticos, lo que impulsó un aumento sin precedentes de las ejecuciones». Las 2.159 ejecuciones en el país persa en 2025 constituyen «la cifra más alta de la que se tiene constancia desde 1981«, y AI advirtió que esta pena se aplicó en Irán «para castigar a quienes cuestionaban, o se consideraba que habían cuestionado, el régimen de la República Islámica«.
Por su parte, Arabia Saudí también alcanzó un «récord histórico en ejecuciones», llevando a cabo la pena de muerte contra al menos 356 condenados en 2025. Esta cifra supera el récord anterior de 345, registrado un año antes.
«Las autoridades de Arabia Saudí siguieron llevando a cabo ejecuciones a un ritmo alarmante, en muchos casos con absoluto desprecio de las restricciones relativas al uso de esta pena establecidas por el derecho y las normas internacionales de derechos humanos», indicó Amnistía Internacional.
El informe detalla que un 67 % de estas ejecuciones en Arabia Saudí (equivalente a 240 personas) estuvieron relacionadas con delitos de drogas, a pesar de que el derecho internacional prohíbe la aplicación de la pena de muerte para este tipo de crímenes.
En Kuwait, el uso de la pena capital se triplicó, con 17 ejecuciones registradas, en comparación con las 6 del año anterior. Este aumento se atribuye a la implementación de una nueva ley sobre drogas que amplía el ámbito de aplicación de la pena de muerte a personas responsables de la «producción y tráfico de drogas», con agravantes para reincidentes y quienes vendan estupefacientes a menores de edad.
Este panorama regional, según Amnistía Internacional, «refleja un uso de la pena de muerte a menudo basado en procedimientos injustos, confesiones obtenidas bajo tortura y su aplicación para castigar la disidencia o delitos que no implican pérdida de vidas, contraviniendo las normas de derechos humanos». La organización concluyó que «gobiernos de Oriente Medio y el norte de África utilizaron la pena de muerte como instrumento para reprimir la disidencia y conjurar amenazas reales o aparentes para la seguridad nacional, en un contexto de reactivación de las políticas punitivas contra las drogas».
