CIUDAD DE GUATEMALA.- La Unión Europea ha valorado este domingo como un «avance para el Estado de derecho» la investidura de Gabriel García Luna, el nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala. García Luna tomó posesión de su cargo para un período de cuatro años.
En un comunicado de prensa, la misión diplomática de la Unión Europea en Guatemala destacó que la llegada de García Luna a la Fiscalía «constituye un avance para el Estado de Derecho, la democracia y la protección de los derechos humanos» en el país centroamericano.
De igual manera, subrayó que la nueva jefatura del Ministerio Público «representa una oportunidad para poner fin a las prácticas de criminalización» por parte de Consuelo Porras Argueta, la exfiscal general saliente sancionada por Estados Unidos y la UE, quien dejó su cargo a la medianoche.
Específicamente, la Unión Europea recordó que periodistas, operadores de justicia y activistas han sido perseguidos judicialmente sin que se probaran cargos en su contra. Entre ellos se incluyen los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes han permanecido en prisión desde hace más de un año sin un proceso judicial.
Precisamente al respecto, en su primera conferencia de prensa, García Luna anunció este domingo que creará una comisión para analizar los procesos en contra de al menos 50 personas en el exilio y también de quienes han sufrido cargos sin pruebas en su contra en Guatemala durante la gestión de la exjefa del Ministerio Público.
García Luna tomó posesión en el primer minuto de este domingo, como establece la ley, sin eventos protocolarios ni recepción especial. El fiscal fue designado este mes por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, para un mandato de cuatro años.
«Hoy no inicia una Administración más. Hoy inicia una oportunidad para devolverle dignidad a la justicia penal guatemalteca», dijo García Luna en un comunicado a primera hora de la mañana.
La gestión de Porras Argueta se extendió por ocho años, en dos períodos marcados por las sanciones internacionales por corrupción en su contra y también por la persecución judicial contra exfiscales anticorrupción, activistas y periodistas como José Rubén Zamora, Juan Luis Font y Michelle Mendoza (estos dos últimos en el exilio), entre otros.
