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La organización asegura que documentó casos de detenciones arbitrarias, uso ilegítimo de la fuerza, condiciones inhumanas de detención y posibles ejecuciones extrajudiciales
NUEVA YORK. — Amnistía Internacional denunció este jueves presuntas violaciones de derechos humanos durante operaciones migratorias federales realizadas entre 2025 y 2026 en Washington D.C., Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis, y reclamó cambios profundos en el sistema de aplicación de las leyes migratorias de Estados Unidos.
La organización informó que sus conclusiones se basan en una investigación que incluyó 154 entrevistas y el análisis de más de 30 pruebas audiovisuales relacionadas con actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otros organismos federales.
Los resultados fueron publicados en un informe de 130 páginas titulado “Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para disolver el ICE”.
Denuncias de uso excesivo de la fuerza
Según Amnistía Internacional, la investigación documentó denuncias de discriminación racial, detenciones arbitrarias, hostigamiento, intimidación y uso ilegítimo de la fuerza, incluida fuerza letal.
La organización menciona los casos de Marimar Martínez y Silverio Villegas González, en Chicago; Julio César Sosa-Celis, Renee Good y Alex Pretti, en Mineápolis; y Philip Brown y Justin Bryant Nelson, en Washington D.C.
Amnistía Internacional sostiene que las muertes de Villegas González, Good y Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, una acusación que refleja la interpretación de la organización a partir de la evidencia que examinó.
Protestas, vigilancia y uso de armas menos letales
El informe también acusa a las autoridades de reprimir protestas pacíficas y de utilizar armas de menor letalidad, entre ellas gas lacrimógeno y aerosol de pimienta, contra integrantes de redes de respuesta rápida, observadores y manifestantes.
Asimismo, la organización cuestiona el uso de tecnologías de reconocimiento facial, al considerar que pueden vulnerar el derecho a la privacidad.
Críticas a las condiciones de detención
Otro de los principales señalamientos está relacionado con las condiciones en las que, según Amnistía Internacional, fueron mantenidas algunas personas detenidas.
La organización describe un patrón de utilización de oficinas de campo, centros de procesamiento y otros edificios oficiales para mantener detenidos durante períodos prolongados, en algunos casos bajo condiciones que califica de inhumanas y degradantes.
El informe también denuncia situaciones en las que los detenidos habrían tenido dificultades para comunicarse con familiares o abogados.
Según AI, en determinados casos las autoridades no confirmaron si una persona se encontraba bajo custodia ni informaron sobre su paradero, lo que la organización relaciona con posibles casos de detención en régimen de incomunicación y desaparición forzada.
AI pide cambios estructurales
Amnistía Internacional sostiene que los problemas documentados no deben atribuirse únicamente a actuaciones individuales de agentes, falta de capacitación o deficiencias de supervisión.
La organización considera que existe un problema institucional que, según su investigación, se habría ampliado durante el Gobierno del presidente Donald Trump.
Por ello, AI reclama el “desmantelamiento” de ICE, argumentando que, a su juicio, la magnitud y persistencia de las deficiencias denunciadas requieren cambios estructurales en el sistema de control migratorio.
Temor en comunidades migrantes
El informe también advierte sobre el impacto de los operativos en las comunidades migrantes.
Amnistía Internacional afirma que las acciones federales generaron un clima de temor que llevó a algunas personas a reducir su participación en la vida pública.
Según la organización, ese efecto se habría extendido a escuelas, centros de salud, templos, lugares de trabajo y vecindarios, afectando la actividad cotidiana de comunidades migrantes.
Las conclusiones forman parte de la evaluación de Amnistía Internacional sobre las políticas y operaciones migratorias federales realizadas durante 2025 y 2026.
