San Salvador.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reiteró este sábado a través de un mensaje en la red social X que «la oferta» de trasladar presos a Colombia «sigue abierta». Esta declaración se produce días después de que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, criticara el sistema penitenciario salvadoreño.
El mandatario salvadoreño prosiguió con el asunto al reaccionar a una nota del noticiero colombiano Noticias Caracol, que reportó sobre artistas que amenizaron fiestas en una cárcel del municipio de Itagüí, donde se encuentran recluidos cabecillas de bandas delincuenciales del departamento de Antioquia.
«Ahora entiendo el porqué de sus críticas al CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo): se estaba anticipando a esto», publicó Bukele, añadiendo que «siempre es lo mismo; todos los que defienden delincuentes terminan teniendo una agenda oscura detrás».
El presidente salvadoreño insistió: «Por cierto, la oferta sigue abierta. Si decide llevárselos [a los presos], definitivamente la pasarán mejor en sus cárceles».
Bukele había respondido el martes a las críticas de Petro sobre el sistema penitenciario, ofreciéndole trasladar a Colombia al «100 %» de los detenidos, «incluyendo los llamados presos políticos».
«Si, como usted sostiene, en nuestro país existen ‘campos de concentración’, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana», manifestó Bukele en un mensaje previo en X.
El presidente salvadoreño indicó que, «en ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del ‘amor y la vida'».
El lunes, Petro había afirmado que las cárceles de El Salvador, donde presuntamente hay «personas presas inocentes», son «campos de concentración de población civil» y que allí se está «matando en vida» a miles de jóvenes.
El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, lo que ha resultado en la detención de más de 91.000 personas. De estas, Bukele ha reconocido que al menos «8.000» eran «inocentes».
En este contexto de suspensión de garantías constitucionales para combatir a las pandillas, organizaciones humanitarias han documentado más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y al menos 512 muertes en custodia estatal.
Adicionalmente, un panel de abogados internacionales presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU, donde se señala la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en el país centroamericano.
