Más de 500 manifestantes se congregaron este lunes en el Capitolio de Albany para urgir a la Legislatura estatal de Nueva York a aprobar un paquete de tres proyectos de ley que buscan reformar el sistema de sentencias penales del estado. Los activistas, junto con legisladores, familiares de reclusos y exinternos, demandan la aprobación de la Ley de Revisión de Sentencias, la Ley de Reducción de Condena por Buena Conducta y la Ley Marvin Mayfield, con el objetivo de transformar las cárceles de Nueva York de lo que describen como “sitios de castigo perpetuo” a centros de rehabilitación y reintegración social.
Las iniciativas legislativas buscan promover la rehabilitación, la seguridad y la justicia, permitiendo a los jueces considerar factores individuales y circunstancias atenuantes en cada caso. La Ley Marvin Mayfield, en particular, eliminaría las sentencias mínimas obligatorias. Los defensores de la reforma argumentan que el sistema actual, que describen como “castigo sin oportunidad”, afecta desproporcionadamente a las comunidades de color.
Datos recientes revelan que de los más de 30,000 presos en Nueva York, casi el 75% son de origen negro o latino. Además, aproximadamente 105,000 niños en el estado tienen un padre o una madre encarcelados. Los manifestantes también resaltaron que el 98% de las condenas en Nueva York resultan de declaraciones de culpabilidad, a menudo obtenidas bajo la amenaza de largas penas mínimas obligatorias, lo que, según ellos, socava la equidad y los derechos constitucionales.
El actual sistema penitenciario de Nueva York tiene un costo anual estimado de $3,000 millones de dólares, recursos que, según los activistas, podrían destinarse a educación, vivienda, atención médica y programas comunitarios de prevención de la violencia. Robert Brooks Jr., cuya padre, Robert Brooks, falleció en el Centro Correccional de Marcy, compartió un emotivo testimonio, afirmando que su padre “habría estado en casa antes de ser asesinado” si estas leyes hubieran estado vigentes. Él enfatizó que la Ley de Segunda Revisión, la Ley de Reducción de Condena por Buen Comportamiento y la Ley Marvin Mayfield “cambian vidas” y ofrecen esperanza a los reclusos.
El senador Jeremy Cooney, patrocinador de la Ley de Reducción de Condenas por Buen Comportamiento, subrayó la urgencia de estas iniciativas para garantizar alternativas de redención y servicio a la sociedad. “El encarcelamiento sin rehabilitación es una oportunidad perdida para brindar capacitación educativa y vocacional”, declaró Cooney, defendiendo que la reforma beneficia tanto la seguridad como la justicia. La asambleísta Yudelka Tapia, representante de El Bronx, también se sumó al llamado, señalando que las leyes actuales “hacen más daño a miles de encarcelados” en su distrito.
Desde una perspectiva de experiencia en el sistema, Brian Fischer, excomisionado del Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria y exsuperintendente de la infame cárcel de Sing Sing, enfatizó la necesidad de reformas que beneficien a los internos que lo merecen, abogando por un análisis individualizado de cada caso. Henry Garrido, director ejecutivo del sindicato Distrito 37, recordó que desde los años 90 se han recortado drásticamente los fondos para programas educativos en prisiones, a pesar de sus beneficios comprobados. Garrido argumentó que la reforma laboral beneficia a las comunidades al reintegrar a exreclusos en la fuerza laboral.
La senadora Julia Salazar, patrocinadora de la Ley de Segunda Revisión en el Senado, destacó que mantener a las personas en prisión por décadas no reduce la criminalidad. “No hace mucho tiempo, nuestro estado aprobó una serie de leyes de sentencia injustas que llevaron principalmente a neoyorquinos negros y latinos a nuestras prisiones”, afirmó Salazar, aclarando que la ley “no es una garantía de liberación, pero es una segunda oportunidad para revisar circunstancias profundamente injustas”.
