Santo Domingo.- La contaminación sónica se consolida como el delito ambiental más recurrente en la República Dominicana, registrando más de 5,000 casos mensuales a nivel nacional. Así lo reveló el magistrado Francisco Contreras, procurador adjunto de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren).
El procurador explicó que esta infracción, tipificada en la Ley 90-19 sobre contaminación acústica, no solo perturba la convivencia ciudadana, sino que conlleva serias repercusiones para la salud física y mental de la población. Entre las consecuencias se destacan trastornos del sueño, ansiedad, problemas auditivos y alteraciones del sistema nervioso.
“Producir ruidos nocivos de forma constante es un delito ambiental y está sancionado con penas de uno a tres años de prisión y multas que van desde un salario mínimo hasta 30 salarios mínimos“, precisó Contreras.
El magistrado informó que las autoridades han obtenido sentencias condenatorias en numerosos expedientes, incluyendo penas de uno y dos años de prisión, lo que subraya un creciente nivel de judicialización en esta materia. Solo en noviembre del pasado año, se procedió a la destrucción de 6,447 equipos de sonido incautados, tras la conclusión de los procesos judiciales correspondientes.
Contreras puntualizó que este fenómeno se concentra predominantemente en zonas urbanas, donde ciudadanos y establecimientos comerciales a menudo incumplen los límites de decibeles establecidos por la normativa ambiental, fijados entre 50 y 55 decibeles en horario diurno y entre 55 y 60 decibeles en horario nocturno.
Tras la contaminación sónica, el procurador adjunto identificó la extracción ilegal de agregados en ríos y zonas costeras como el segundo delito ambiental más recurrente en el país.
Toda actividad de este tipo requiere permisos expresos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como certificaciones relativas al uso de suelo. La ausencia de estas autorizaciones constituye una violación directa a la Ley 64-00. “Cuando se detecta una intervención ilegal en ríos o zonas protegidas, realizamos inspecciones técnicas junto a especialistas y procedemos a la judicialización del caso”, enfatizó Contreras. Estas investigaciones cuentan con el respaldo de instituciones académicas como la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Academia de Ciencias, lo que robustece la fundamentación técnica de los expedientes judiciales.
Otro delito que suscita preocupación entre las autoridades es la incidencia de incendios forestales, muchos de ellos originados por prácticas agrícolas tradicionales que se descontrolan. Contreras advirtió que estos siniestros provocan daños irreversibles en los ecosistemas, eliminando la biodiversidad y afectando extensas áreas boscosas. “Si los ciudadanos conocieran la magnitud del daño que causan los incendios forestales, no incurrirían en esta práctica. Se destruye todo el entorno natural”, afirmó el procurador, destacando los esfuerzos del Ministerio Público para obtener condenas más contundentes en los últimos años y desincentivar su ocurrencia.
Finalmente, Francisco Contreras hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar los delitos ambientales, garantizando que el sistema permite realizar estas denuncias de forma anónima y segura. Las vías para canalizar las denuncias incluyen la Procuraduría Ambiental, el Sistema Nacional de Emergencias 911, líneas habilitadas en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, o a través de las Fiscalías ordinarias en todo el territorio nacional. “El denunciante está protegido por la normativa. Su identidad no se revela en ningún momento”, explicó, subrayando la imperante necesidad de fortalecer la conciencia ambiental en la sociedad dominicana, ya que la protección del medio ambiente es una responsabilidad colectiva.
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