Ciudad de Guatemala.- El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias denunció este jueves el abandono que, a su juicio, han sufrido durante más de cuatro décadas las víctimas y familiares de las más de 45.000 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno de Guatemala, que se extendió entre 1960 y 1996.
Al concluir una visita oficial al país realizada entre el 23 de junio y el 2 de julio, las expertas Aua Baldé y Ana Lorena Delgadillo advirtieron sobre un retroceso en materia de justicia y búsqueda de desaparecidos durante los últimos años, situación que atribuyeron al debilitamiento de las instituciones creadas tras los Acuerdos de Paz.
Durante una conferencia de prensa, Delgadillo afirmó que las familias continúan enfrentando una situación de abandono por parte del Estado y cuestionó las medidas adoptadas durante la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, al considerar que dificultaron las exhumaciones de víctimas e impusieron mayores cargas administrativas a los familiares que buscan a sus seres queridos.
Por su parte, Baldé señaló que la falta de respaldo estatal ha obligado a muchas familias a asumir por cuenta propia las labores de búsqueda e investigación, una situación que, según indicó, también ha afectado el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Las expertas informaron además que, durante una inspección en una instalación militar ubicada en el departamento de Petén, detectaron la construcción de obras civiles en un área donde existen indicios de posibles cementerios clandestinos con restos de víctimas del conflicto. Ante ello, solicitaron la suspensión inmediata de los trabajos para evitar que se comprometan posibles evidencias.
Si bien la misión reconoció los esfuerzos del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo para impulsar un mecanismo de búsqueda humanitaria, advirtió que la falta de coordinación entre las distintas instituciones estatales genera confusión entre las víctimas y dificulta tanto la apertura de expedientes como la localización de personas desaparecidas, incluso en contextos migratorios.
Como parte de sus recomendaciones, el Grupo de Trabajo instó al Gobierno guatemalteco a ordenar la localización, protección y sistematización de los archivos relacionados con el conflicto armado para declararlos patrimonio cultural. Asimismo, pidió la apertura definitiva de los archivos militares, el acceso a antiguos cuarteles y el fortalecimiento de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copade), con el fin de mejorar las tareas de búsqueda, reparación y cumplimiento de sentencias internacionales.
El conflicto armado interno de Guatemala se prolongó durante 7.200 días, entre 1960 y 1996, y concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz en diciembre de ese último año. De acuerdo con organismos nacionales e internacionales, el enfrentamiento dejó más de 200.000 personas fallecidas y alrededor de 45.000 desaparecidas, cuyos familiares continúan reclamando verdad, justicia y reparación tres décadas después del fin de la guerra.
