NUEVA YORK.-
Una opinión reciente del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), que declara inconstitucional la Ley de Registros Presidenciales (Presidential Records Act o PRA), ha suscitado profunda preocupación entre expertos y archivistas. La postura, adoptada bajo la Administración Trump, pone en riesgo el marco legal que ha guiado a los encargados de los archivos durante décadas y podría obstaculizar el acceso público a vastos volúmenes de información de la Casa Blanca, incluidos millones de correos electrónicos.
Según una alerta publicada por POLITICO, esta interpretación del DOJ podría traducirse en severas restricciones para el acceso ciudadano a información gubernamental contenida en los registros presidenciales desde la entrada en vigor de la PRA en 1978.
Jason R. Baron, exdirector de litigios de los Archivos Nacionales, advirtió a POLITICO que «la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del DOJ podría abrir una caja de Pandora para la Administración de Archivos y Registros Nacionales (NARA) en lo que respecta a cómo procederá para hacer públicos los registros presidenciales de administraciones pasadas».
El impacto sería aún más grave si la decisión se implementara con carácter retroactivo. «Si el Departamento de Justicia de Trump adopta la postura de que la opinión de la OLC se aplica con carácter retroactivo, podríamos ver a la NARA obligada a declarar que los registros de administraciones pasadas cubiertos por la Ley de Registros Presidenciales siempre debieron haber sido considerados de naturaleza ‘personal’, y que los tribunales carecen de jurisdicción para tramitar demandas de acceso a dichos registros», explicó Baron.
La PRA fue promulgada tras el escándalo de «Watergate» y la dimisión del presidente Richard Nixon en la década de 1970. Este estatuto fundamental establece que los presidentes deben entregar todos los documentos gubernamentales generados durante su mandato a los Archivos Nacionales al finalizar su gestión en la Casa Blanca.
La ley, que rige los registros oficiales de presidentes y vicepresidentes creados o recibidos después del 20 de enero de 1981, consolidó la titularidad pública de todos los registros presidenciales y definió explícitamente el término «registros presidenciales». Asimismo, estableció una nueva estructura normativa para la gestión de estos documentos por parte de los funcionarios y, posteriormente, de la NARA. Los empleados de los Archivos Nacionales dependen diariamente de esta ley para revisar, editar y publicar documentos y material digital desde la presidencia de Ronald Reagan.
El análisis de la publicación especializada POLITICO sugiere que la iniciativa de la Administración Trump podría buscar otorgar al presidente la base legal para destruir registros de la Casa Blanca de su mandato actual o negarse a entregarlos a la NARA al dejar el cargo.
En un memorándum fechado el 1 de abril, el DOJ argumentó que la Presidential Records Act es «inconstitucional» al «exceder los poderes enumerados e implícitos del Congreso y engrandecer al Poder Legislativo a expensas de la independencia y autonomía constitucionales del Poder Ejecutivo«. El documento, dirigido al asesor jurídico del presidente Trump, sostiene que la opinión de la OLC contraviene la Constitución por estas dos razones interrelacionadas pero independientes.
La administración afirmó que «toda ley promulgada por el Congreso debe fundamentarse en uno o más de sus poderes enumerados en la Constitución… o en aquellos poderes implícitos que sean necesarios y apropiados para llevar a efecto los poderes enumerados». Subrayaron que los intentos del Congreso de regular directamente a la Presidencia «suscitan inquietudes acentuadas en lo que respecta a la separación de poderes».
El memorándum añadió que el Congreso no puede preservar los registros presidenciales con el mero fin de la posteridad y que la ley excede la autoridad reglamentaria del Congreso, ya que pretende regular a la Presidencia, «que el Congreso no creó y que no puede abolir». El gobierno de Trump argumentó en el escrito: «Del mismo modo que el Congreso no podría, en términos constitucionales, invadir la independencia de la Corte Suprema ni expropiar los documentos del Presidente del Tribunal o de los Jueces Asociados, tampoco puede invadir la independencia del Presidente ni expropiar los documentos del Jefe del Ejecutivo«.
El DOJ enfatizó la necesidad de reforzar el principio constitucional de la separación de poderes en este debate. Contrastaron la práctica histórica al señalar que, «a lo largo de los dos primeros siglos del experimento estadounidense de autogobierno, los Presidentes poseían y controlaban los documentos presidenciales, y el Congreso obtenía dichos documentos mediante la negociación política y el acomodo entre poderes, en lugar de hacerlo como un derecho inherente».
Esta práctica, según el DOJ, se vio interrumpida por la Ley de Preservación de Grabaciones y Materiales Presidenciales (PRMPA) Ley Pública N.º 93-526, 88 Stat. 1695 (1974), aprobada por el Congreso en medio de la investigación del caso Watergate para anular un acuerdo que habría permitido al expresidente Richard M. Nixon ordenar la destrucción de sus propios registros tras su dimisión. El DOJ concluyó que «esa pequeña grieta se convirtió en una gran fisura con la aprobación de la PRA…».
