Los Ángeles.- El Departamento de Justicia estadounidense (DOJ) anunció este jueves, tras una exhaustiva investigación, que dos cárceles del estado de California no cumplieron con su deber de proteger a las mujeres reclusas del abuso y acoso sexual por parte del personal penitenciario.
Según el comunicado emitido por el DOJ, los investigadores descubrieron un patrón persistente de conducta sexual inapropiada por parte del personal, salvaguardias insuficientes, fallas en la denuncia confidencial, prácticas de investigación indebidas y medidas de rendición de cuentas insuficientes.
El gobierno determinó que estas deficiencias sistémicas violan gravemente los derechos de las reclusas según las Enmiendas Octava y Decimocuarta. Además, se estableció que el Departamento Correccional y de Rehabilitación de California (CDCR), así como las dos cárceles analizadas, no implementan adecuadamente la Ley de Eliminación de la Violencia en Prisiones (PREA).
California tiene un plazo de 49 días para abordar los problemas descritos en el informe y podría enfrentarse a una demanda del gobierno federal para forzar cambios en el sistema. La investigación respondió a una demanda civil presentada en septiembre de 2024 durante la Administración del expresidente estadounidense Joe Biden, en nombre de 21 mujeres encarceladas en la Institución para Mujeres de California.
La denuncia alegó acusaciones de violación y penetración forzada, manoseo, cópula oral, así como amenazas de violencia y castigo con conducta abusiva que van desde 2014 hasta 2020. Esta intervención vino tras años de denuncias y procesos judiciales que alegaban que el personal penitenciario del Centro Penitenciario para Mujeres de California Central, en Chowchilla, y de la Institución Correccional para Mujeres de California, en Chino, agredían sexualmente a las reclusas, a las que solicitaban favores sexuales a cambio de contrabando y privilegios.
Los funcionarios penitenciarios nombrados en estas acusaciones variaban en rango e incluían las mismas personas encargadas de manejar las denuncias de abuso sexual presentadas por mujeres encarceladas en estas instalaciones.
