Santo Domingo.- El diputado Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), afirmó este jueves que el Congreso Nacional se encuentra a la espera de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo con el propósito de eliminar los fondos asignados a los partidos políticos en la Ley de Régimen Electoral.
Aunque la declaración fue matizada con un tono de ironía, Wessin Chávez insistió en la existencia de dicha intención, aun cuando las previas declaraciones del presidente de la República se limitaron a una reducción del 50% del financiamiento público.
El legislador señaló que el actual esquema de financiamiento público ha estado vigente desde 1997 sin haber comprometido la estabilidad democrática del país. Para él, la propuesta gubernamental no es más que un intento de legalizar un recorte que, a su juicio, ya se está aplicando de facto.
«El gobierno recortó la mitad y ahora quiere recortar otra mitad», fustigó, advirtiendo que, de avanzar la medida, serían los partidos de oposición quienes enfrentarían una mayor desventaja competitiva.
La propuesta del Gobierno de reducir en un 50% el financiamiento público a las organizaciones políticas continúa generando un frente común de rechazo entre las fuerzas de oposición. Estas apelaron a la preservación de la democracia como argumento central para defender los fondos que el Estado les asigna por mandato legal.
En ese contexto, representantes de 24 organizaciones políticas sostuvieron un encuentro con la Junta Central Electoral (JCE) para expresar su preocupación ante una medida que, según su criterio, podría amenazar la estabilidad del sistema democrático.
«Sin democracia no hay desarrollo, y nuestro país es un Estado democrático, social y de derecho«, advirtió José Dantés del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Dantés añadió que el Gobierno no ha presentado un plan claro de austeridad, considerando que limitar el recorte únicamente al financiamiento partidario resulta insuficiente e injusto.
Los partidos opositores alertan que la privación de fondos públicos los empujaría inevitablemente hacia el financiamiento privado, lo que, a su vez, abriría la puerta a la injerencia empresarial y, en el peor de los escenarios, al narcotráfico.
«Son las empresas las que no deben definir el rumbo de un país», enfatizó Javier Hubiera de la Fuerza del Pueblo, recordando que fue el propio Gobierno quien acudió al Congreso para frenar la incursión del crimen organizado en las organizaciones políticas. Hubiera también señaló que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) «ya ha reducido a los partidos un 48% de lo que deberían estar recibiendo. Ahora quieren recortar la mitad de la mitad. Esto representa apenas el 1% de los recursos que el gobierno dice necesitar».
Asimismo, Hubiera subrayó que la medida afecta incluso a la Junta Central Electoral (JCE), garante del proceso democrático, y advirtió que el recorte podría comprometer la estabilidad de las próximas elecciones y los compromisos ya asumidos por los partidos. «Esto causa competencia desleal», afirmó.
Desde la Fuerza del Pueblo, su delegado José Manuel Hernández manifestó la percepción de falta de seguridad jurídica y confianza en el país, agregando: «El país necesita el disenso, y para eso existimos como partido».
En una posición más matizada, el senador Pedro Tineo, miembro de la Comisión de Presupuesto del Senado, reconoció la obligación del Gobierno de buscar soluciones ante la crisis económica, pero hizo un llamado a una austeridad compartida.
«Los partidos deberían dar un ejemplo para tener autoridad moral. Aquí en el Congreso también deberíamos recortar viáticos, exoneraciones y otros beneficios que tenemos los legisladores», declaró Tineo. Además, añadió: «Si el gobierno quiere quitar el financiamiento a los partidos, que lo haga, pero que audite también a los partidos. Este proyecto lleva desde 1997 y no ha lacerado la democracia».
