Santo Domingo.-
La celebración del Año Nuevo se vio ensombrecida por una tragedia en el sector La Zurza, Distrito Nacional, donde Santa Sepúlveda, maestra de profesión, fue ultimada de un disparo presuntamente por su expareja. El lamentable suceso ocurrió el uno de enero del presente año.
Según el testimonio de Sabina Sepúlveda, madre de la víctima, inicialmente recibió una llamada informándole de un supuesto accidente. Posteriormente, se enteró de que su hija había sido agredida y ultimada por Ballardo Manzueta Reyes, su expareja. ‘Él me le dio golpes a mi hija, con la cacha de la pistola en la cabeza y luego me le dio un tiro’, relató la progenitora.
La tragedia ha dejado un profundo vacío en la familia, especialmente en los dos hijos de Santa Sepúlveda, de dos y diez años, quienes aún esperan el regreso de su madre. El impacto emocional es palpable en los menores, quienes a menudo llaman a su madre con un desgarrador ‘mamá, mamá’, demostrando la ausencia de su figura materna.
Janet Bello, hermana de la occisa, manifestó su profunda preocupación por el estado psicológico de los niños, señalando que en ocasiones dejan de comer al recordar a su madre. La psicóloga del centro educativo al que asiste uno de los niños ha requerido la presencia de la familia en múltiples ocasiones, debido a que el menor ‘se pone muy triste y no quiere hablar con nadie’, sumergido en un profundo silencio provocado por el dolor.
Especialmente conmovedora es la situación del hijo de dos años, quien constantemente llama a su progenitora, un hecho que, según la familia, ‘les rompe el corazón’ a la abuela y a la tía.
La vida y los sueños de Santa Sepúlveda fueron truncados abruptamente. La víctima se desempeñaba como maestra desde hacía un año y tenía planes de inscribir una maestría con el objetivo de fundar su propio colegio. ‘Ella fue maestra, ya tenía un año ejerciendo, inscribió la maestría y era su sueño seguir hacia adelante’, afirmó Janet Bello con notable tristeza.
A tres meses del trágico suceso, el dolor en la familia Sepúlveda se intensifica, mientras enfrentan una realidad marcada por la ausencia y la incertidumbre. A las dificultades emocionales se suman las económicas, ya que Santa Sepúlveda era el sustento principal de sus dos hijos y de su madre.
En este contexto, Janet Bello denunció la imposibilidad de acceder al salario correspondiente a enero de la víctima, depositado en una entidad bancaria, recursos fundamentales para el sostenimiento de los menores. Explicó que el proceso para la liberación de estos fondos ha sido ‘lento y agotador’, debido a la constante solicitud de documentos y a la falta de una respuesta efectiva tras la entrega de un ‘poder’ requerido.
‘Ya van tres meses y no hemos recibido nada. Cada vez que vamos, los ahorros del BanReservas, por lo menos, el sueldo de ella de enero todavía está allá, no lo hemos recibido’, lamentó Bello.
Por su parte, Sabina Sepúlveda, madre de la fallecida, clama por justicia, esperando que se aplique el debido proceso y que el culpable reciba la pena correspondiente. ‘Y yo lo que quiero para él que me le den justicia y que no sea chin para que él sepa lo que yo estoy pasando, que me dejó dos niños huérfanos y esa era mis pies y mis manos’, expresó Sabina con la voz quebrada.
A pesar del dolor y las adversidades, la madre de la víctima se mantiene firme en su lucha, impulsada por el recuerdo de su hija y el deseo de asegurar un futuro mejor para sus nietos. Asimismo, denunció que el imputado ha intentado disuadirla de continuar con el proceso judicial, enviándole cartas a terceros. ‘A mi hija yo no la voy a vender por dinero’, sentenció Sabina Sepúlveda.
En el ámbito judicial, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, dictó el 30 de enero pasado tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Ballardo Manzueta Reyes. El imputado permanece recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra.
El Ministerio Público tipificó la acción como homicidio voluntario, en violación a los artículos 295 y 304, numeral II, del Código Penal Dominicano.
