Santo Domingo.- La jueza presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidirá este martes la medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien está imputado por la presunta recepción de un soborno de US$10,000. El fiscal ha sido vinculado al caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), conocido como “Cobra”, y es acusado de exigir importantes sumas de dinero y bienes de lujo a cambio de favorecer un proceso judicial.
El Ministerio Público ha solicitado 12 meses de prisión preventiva para Valdez Alcántara, a quien se le imputan los delitos de concusión, soborno, cohecho y lavado de activos. El fiscal fue arrestado en flagrante delito mientras recibía la suma de US$10,000 de un testigo.
De acuerdo con el expediente, el 13 de marzo de 2026, Aurelio Valdez Alcántara mantuvo un encuentro personal con el testigo Roberto Canaán en el parqueo de un centro comercial ubicado en la avenida Jiménez Moya, esquina avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional. En dicha reunión, el fiscal habría utilizado información privilegiada sobre el testigo para establecer una posición de dominio y le propuso alterar el curso de un proceso judicial en fase de investigación, a cambio de un beneficio económico.
La exigencia económica inicial del imputado fue de US$200,000, monto que posteriormente redujo a US$150,000 tras una negociación. Además, Valdez Alcántara mostró interés en un reloj Rolex y solicitó la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro, rechazando opciones más económicas como una guagua Volvo o Mazda.
El expediente detalla que el imputado también ejerció coacción continua contra el testigo a través de llamadas telefónicas. Como parte de esta presión, el 18 de marzo de 2026 le preguntó: “¿Para cuándo está la cosa?”, fijando como fecha límite el 24 de marzo de ese mismo mes. Para asegurar el pago, Valdez Alcántara advirtió al testigo sobre la inminencia de su judicialización, condicionando su situación legal al pago del soborno.
Según la solicitud de medida de coerción, el 27 de marzo de 2026, las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del procurador fiscal Valdez Alcántara, donde fue arrestado. Durante el operativo, se ejecutó una entrega vigilada del dinero recibido como soborno. El Ministerio Público sostiene que el imputado se dedicaba a recibir sobornos para alterar el curso de investigaciones bajo su responsabilidad.
En declaraciones recientes, el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó estos actos de corrupción como “repugnantes, indignantes e inaceptables”, sin importar a quién involucren. Camacho reafirmó el compromiso de la institución de actuar con firmeza y de perseguir la corrupción sin importar el tipo ni las personas involucradas.
El Ministerio Público tiene el interés y la capacidad para investigar y procesar los casos de corrupción, actuando con responsabilidad, inteligencia y determinación en cada proceso judicial. Camacho destacó que estas acciones corresponden a una instrucción directa de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y forman parte del accionar característico de la institución.
El imputado permanece detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de la audiencia de medida de coerción. Además del proceso penal, el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara también enfrentará un proceso disciplinario.
