Pleno de la Cámara de Cuentas actualiza tres reglamentos institucionales y aprueba nuevo Código de Ética

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Santo Domingo.- El Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha llevado a cabo una serie de modificaciones normativas significativas, actualizando tres reglamentos institucionales y aprobando un nuevo Código de Ética e Integridad. Estos cambios forman parte del proceso de modernización del marco legal que rige el funcionamiento del órgano fiscalizador, en cumplimiento con la Constitución de la República y la Ley núm. 18-24.

La institución ha informado que estas disposiciones buscan fortalecer el control externo sobre los recursos públicos y actualizar la organización y procedimientos internos conforme a estándares contemporáneos en materia de fiscalización, integridad, participación ciudadana, interoperabilidad y gobernanza pública.

Las normas aprobadas incluyen el Reglamento de Aplicación General de la Ley núm. 18-24 de la Cámara de Cuentas, el Reglamento de Participación Social, el Reglamento de la Mesa de Control y Fiscalización para la Interoperabilidad y el Código de Ética e Integridad, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo.

Según la entidad, esta nueva arquitectura normativa permitirá una fiscalización más técnica, preventiva y coordinada. Además, incorpora mecanismos que promueven la participación social, la articulación interinstitucional, la gestión de riesgos y la mejora continua de los procesos institucionales.

El proceso fue impulsado por el Pleno de la Cámara de Cuentas, encabezado por su presidenta Emma Polanco Melo, e integrado además por el vicepresidente Francisco Tamárez Florentino, y los miembros Francisco Franco, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.

La Cámara de Cuentas indicó que estas iniciativas se desarrollan en el marco de las atribuciones conferidas por la Constitución y la Ley núm. 18-24, con el propósito de consolidar un sistema de control externo más eficiente, moderno y articulado.

Con la entrada en vigencia de estas normas, la institución busca fortalecer el control del patrimonio público y reafirmar su compromiso con una administración sustentada en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, transparencia, ética e integridad.

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación.

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