Santo Domingo. – La Fundación Primero Justicia denunció este martes lo que considera preparativos para instaurar un Estado Policial en la República Dominicana mediante la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal, sin un consenso amplio entre los actores políticos y sociales.
La organización advirtió que la reforma podría desacatar sentencias del Tribunal Constitucional y vulnerar derechos fundamentales consagrados en la Constitución, en particular los artículos 40 (libertad y seguridad personal) y 69 (debido proceso, tutela judicial efectiva y presunción de inocencia).
Según la fundación, la propuesta contempla extender la prisión preventiva a 36 meses y los procesos penales hasta 6 años, dejando que la duración sea determinada por el juez según la “complejidad del caso”, lo que critican como inconstitucional.
Otro aspecto cuestionado es la creación de la figura de la «reiteración delictiva», que permitiría la prisión preventiva automática a personas con múltiples acusaciones por parte del Ministerio Público, lo que podría violar la presunción de inocencia.
Además, la reforma otorgaría al juez la facultad de imponer medidas de coerción de forma independiente de las solicitudes de las partes, interrumpir automáticamente los plazos máximos de prisión preventiva cuando se interponga una revisión o apelación, y aplicar coerción sin audiencia previa ni citación al imputado.
Surun Hernández, representante de la fundación, señaló que “una reforma al Código Procesal Penal no puede ser producto de una actuación de emergencia” y debe realizarse con un análisis profundo sobre los efectos en los derechos fundamentales y el debido proceso.
La Fundación Primero Justicia propone, como alternativa, la aprobación de una ley puente similar a la Ley 10-15, excluyendo los aspectos censurados por el Tribunal Constitucional, hasta lograr un consenso para una reforma integral que evite perjuicios a la institucionalidad democrática.
