Lima.- El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas ha emitido un dictamen en el que determina que la privación de libertad del expresidente peruano, Pedro Castillo, es arbitraria y solicita al Estado peruano liberarlo de manera inmediata. Además, exige garantizar una indemnización y otras formas de reparación conforme al derecho internacional.
El dictamen, fechado el 4 de junio y divulgado este jueves por medios peruanos, sostiene que la detención del exmandatario vulnera disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El organismo también señala que la privación de libertad careció de una base legal suficiente y cuestionó las condiciones en las que fue arrestado, así como la falta de garantías para un juicio justo.
El grupo de expertos afirmó que las autoridades no ofrecieron una justificación individualizada para mantener al exgobernante en prisión preventiva y concluyó que, dadas las circunstancias del caso, la medida adecuada es su liberación inmediata. Además, recomendó concederle una compensación económica y otras reparaciones por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
El organismo también exhortó al Gobierno peruano a realizar una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre las circunstancias que rodearon la detención de Castillo y a adoptar las medidas correspondientes contra quienes resulten responsables de las presuntas violaciones a sus derechos. Solicitó a las autoridades presentar, en un plazo de seis meses, un informe sobre las acciones adoptadas para cumplir con las recomendaciones contenidas en el dictamen.
Pedro Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022, después de anunciar un fallido intento de disolver el Congreso y reorganizar el sistema judicial, acción considerada por las autoridades como un intento de golpe de Estado. Posteriormente fue juzgado y el 27 de noviembre de 2025 recibió una condena de once años y cuatro meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. No obstante, la sentencia aún no adquiere firmeza debido a que el proceso judicial permanece abierto.
Desde su condena, la defensa del exmandatario ha presentado seis solicitudes de indulto, todas rechazadas hasta el momento. El ministro de Justicia, Luis Jiménez, informó que el pasado 25 de junio ingresó una nueva solicitud de gracia presidencial, la cual está siendo evaluada por la Comisión de Gracias Presidenciales.
Por su parte, el presidente interino, José María Balcázar, reiteró que cualquier decisión deberá ajustarse al marco constitucional, aunque aseguró que esperará el resultado del análisis jurídico correspondiente antes de pronunciarse sobre una eventual medida de gracia.
