LIMA.- Un juez de Perú ordenó este viernes el archivo de la investigación por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir que se seguía contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK, 2016-2018). La causa estaba relacionada con presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht para financiar su campaña electoral del año 2011.
Esta decisión judicial es significativa para Kuczynski, de 87 años, quien aún enfrenta otras acusaciones en el marco del caso Odebrecht en Perú. La Fiscalía mantiene dos acusaciones con solicitudes de penas de prisión, por supuestamente haber recibido dinero de manera encubierta y haber favorecido a la compañía brasileña en la adjudicación de un tramo de la Carretera Interoceánica Norte.
El magistrado Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictaminó el sobreseimiento de la causa por la presunta financiación irregular de la campaña electoral del exmandatario. Esta investigación había estado abierta por casi diez años, desde que el caso Odebrecht salió a la luz a finales de 2016.
De acuerdo con la imputación de la Fiscalía peruana, Kuczynski, quien era presidente de Perú cuando se reveló el escándalo de corrupción, habría recibido presuntamente 300.000 dólares para su campaña electoral de 2011, fondos provenientes de la denominada Caja B de Odebrecht, destinada a pagos ilícitos e irregulares.
Sin embargo, el juez consideró necesario archivar la causa basándose en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró improcedente una acusación similar contra la derechista Keiko Fujimori por financiación irregular de sus campañas. Además, la decisión del togado se apoyó en otro fallo reciente de la Corte Suprema, en la misma línea y en un caso idéntico al de Kuczynski, que ya favoreció a la empresaria y banquera Susana De la Puente, quien respaldó las candidaturas presidenciales de PPK en 2011 y 2016.
El argumento central para el sobreseimiento radica en que la legislación penal de ese momento requería que, para probar el delito de lavado de activos, el receptor de los fondos conociera su origen ilícito. La Fiscalía no ha podido ofrecer indicios suficientes al respecto en este caso, ni en otros similares contra expresidentes y políticos peruanos, a pesar de que se ocultara el origen de los fondos y no fueran debidamente declarados.
A pesar de este archivo, Kuczynski, quien estuvo bajo arresto domiciliario durante tres años, aún debe enfrentar un juicio en el que la Fiscalía solicita para él una pena de 35 años de cárcel por lavado de activos. Esta acusación se desprende de presuntos sobornos de Odebrecht recibidos cuando era ministro durante el Gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006), supuestamente bajo la apariencia de consultorías de su empresa Westfield Capital.
Asimismo, PPK afronta otra acusación fiscal, con una solicitud de pena de ocho años y seis meses de prisión, por el delito de colusión. Se le imputa haber favorecido a la constructora brasileña Odebrecht y a sus socios en la adjudicación de la construcción de un tramo de la Carretera Interoceánica del Norte.
