PARÍS.-
La justicia francesa confirmó este martes el rechazo a la demanda presentada por cientos de exbananeros nicaragüenses, quienes buscaban la ejecución de una sentencia que obligaba a tres multinacionales a pagar una millonaria indemnización por los efectos de un pesticida.
En el año 2006, un tribunal de Nicaragua condenó a Shell, Dow Chemical y Occidental Chemical a abonar 805 millones de dólares a unos 1.200 extrabajadores de fincas bananeras. Dicha indemnización, motivada por el impacto en la salud del uso del pesticida DBCP, nunca fue percibida por los afectados.
A pesar de haber sido confirmada en casación en Nicaragua años después, los demandantes llevaron el caso a Francia en 2018. Se ampararon en el procedimiento de ‘exequátur’, el cual permite la aplicación en Francia de un fallo de un tribunal extranjero.
Los abogados de los nicaragüenses, que presentaron este caso como un «combate entre David y Goliat» en una tribuna publicada en el diario francés Libération, buscaban con esta acción lograr el pago de la indemnización con los activos de estas compañías en Europa.
Sin embargo, el Tribunal de Apelación de París rechazó de nuevo la solicitud este martes. La corte consideró que «las cantidades otorgadas a cada solicitante (…) resultan manifiestamente desproporcionadas», según la sentencia a la que pudo consultar la agencia AFP.
«En consecuencia, debe denegarse el exequátur de dicha sentencia, que vulnera el orden público internacional», dictaminaron las magistradas.
Para la aceptación de este procedimiento, deben cumplirse tres criterios fundamentales: la competencia indirecta del juez extranjero, su conformidad con el orden público internacional (tanto en el fondo como en el procedimiento), y la ausencia de fraude.
En mayo de 2022, el Tribunal de París había considerado en primera instancia que la justicia nicaragüense «no era competente» en este caso, debido a que las empresas habían solicitado que el juicio se realizara en Estados Unidos, tal como permitía una ley nicaragüense del año 2001.
El DBCP, un pesticida prohibido a finales de la década de los 70 en Estados Unidos y comercializado hasta mediados de los 80 en Nicaragua bajo nombres como Nemagón o Fumazone, ha sido objeto de numerosas demandas judiciales en América Latina.
Este producto químico está acusado de provocar cáncer e infertilidad. Los riesgos para la salud humana fueron reconocidos en 1977, tras detectarse numerosos casos de esterilidad entre los trabajadores de una fábrica en California.
